Ciudad de México, 17 de julio de 2019. La Unión de Ejidos y Comunidades en defensa de la tierra, el agua y la vida Atcolhua y habitantes de más de 80 comunidades de a lo largo del río Apulco, en la sierra norte de Puebla, exigieron al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos naturales (Semarnat) que no se apruebe a Minera Gorrión SA de CV, filial de la canadiense Almaden Minerals, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto Ixtaca para realizar explotación minera en Ixcamatitlán, por la devastación ambiental y el riesgo para la vida de miles de familias campesinas-indígenas.
«Después del análisis de la Manifestación de Impacto Ambiental tenemos evidencia sólida de los gravísimos impactos que generaría la explotación de minerales a cielo abierto», señalaron las personas defensoras del territorio.
Entre las omisiones y riesgos que se derivan de un análisis de la MIA presentada por la empresa están que la propia minera reconoce que los impactos del proyecto serían irreversibles, por lo que no se pueden aceptar medidas de mitigación; que estos impactos en el sistema hidrológico, la biodiversidad y la vocación de uso de suelo agroforestal pueden generar un efecto cascada que afectaría el ecosistema de la región; que la empresa minusvalora la agro-biodiversidad de la región e invisibiliza el impacto de la industria extractiva en la vida campesina; que el manifiesto minimiza los servicios ambientales que aportan la vegetación secundaria y el bosque de táscate en la región; que no toma en cuenta los impactos socio-económicos del cambio de uso de suelo de terrenos agrícolas y omite información sobre especies que se verían afectadas dentro de la NOM-059 pues afirma que ninguna es endémica de la zona, «lo cual es falso».
Agregaron que la MIA presentada no sustenta la viabilidad de la operación con el uso exclusivo de agua pluvial ni expone los impactos que conlleva la intervención en los escurrimientos de agua y que Minera Gorrión no cuenta con derechos sobre las concesiones mineras que dice tener, las cuales han sido declaradas inexistentes e ilegales en el proceso de juicio de amparo interpuesto en defensa de los derechos a la tierra, al territorio y a la libre determinación.