En un comunicado, Amnistía Internacional pidió que se distinga y se separen con claridad las funciones de los elementos civiles y de los militares de la Guardia y con ello permitir la acción de los elementos militares únicamente de forma excepcional, valorada caso por caso y sujeta a las limitaciones impuestas por el derecho internacional. Además, dejó claro que no se debe permitir que elementos militares de la Guardia Nacional participen en investigaciones de delitos ni actúen como auxiliares del ministerio público. (…)

El colectivo #SeguridadSinGuerra lamentó que los legisladores que votaron en favor de esa corporación ignoraron la evidencia que especialistas y activistas en materia de seguridad y justicia presentaron durante los foros efectuados en San Lázaro. Insistió en que este cuerpo militarizado podría agravar la inseguridad y la violencia, además de que es contrario a las recomendaciones de organismos internacionales. (…)

La tarea de la comisión es proveer a los familiares de las víctimas, como coadyuvantes en la investigación, de todos las facilidades y apoyos institucionales que requieran para el esclarecimiento de los hechos. Estará compuesta por familiares de los normalistas, sus representantes y funcionarios de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda, además de expertos profesionales y técnicos. (…)

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dentro del juicio de amparo identificado bajo el número 195/2017, dejó sin efectos la resolución dictada por la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) que consideraba faltas leves las irregularidades cometidas por distintos funcionarios de la PGR durante la investigación del caso Ayotzinapa, exonerando en los hechos a diversos funcionarios. (…)

Un amplio rechazo al dictamen de la Guardia Nacional por parte  de personas y organizaciones expertas en derechos humanos se vivió en el segundo día de foros sobre el tema en la Cámara de Diputados. (…)

«La Comisión reitera que la privación de libertad de la persona imputada debe tener únicamente un carácter procesal, y en consecuencia, sólo puede fundamentarse para evitar razonablemente el peligro de fuga o impedir el entorpecimiento de las investigaciones», insistió. (…)