*Advierten que se normaliza la militarización de la seguridad.
Ciudad de México, 10 de enero de 2019. Un amplio rechazo al dictamen de la Guardia Nacional por parte de personas y organizaciones expertas en derechos humanos se vivió en el segundo día de foros sobre el tema en la Cámara de Diputados.
La oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió que el dictamen no contiene garantías para los derechos humanos y sí extiende la militarización y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) propuso crear una corporación intermedia, civil y especializada para enfrentar el problema de inseguridad que se vive en el país luego de que descalificara la creación de una Guardia Nacional.
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, advirtió que la intervención de las fuerzas militares debe ser excepcional, subordinada y fiscalizada por órganos civiles. El investigador Alejandro Madrazo Lajous, del CIDE, pidió a los legisladores modificar el dictamen y recurrir al artículo 29 de la Constitución para establecer casos de excepción en los que pueden intervenir las fuerzas armadas.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, sostuvo que la aprobación de la Guardia Nacional sería como aceptar que no habrá un punto de retorno del Ejército a sus cuarteles, por lo menos en el mediano plazo.
La diputada de Morena, Tatiana Clouthier, señaló que no está de acuerdo con un mando militar para la Guardia.
El representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab, presentó diez puntos de preocupación sobre el dictamen: que mantiene a la Guardia Nacional bajo la Defensa Nacional por cinco años, cuando tendría que estar bajo mando civil; que da a las Fuerzas Armadas competencia para investigar todo tipo de delitos sin control ni rendición de cuentas ante autoridades civiles; que, de forma contraria a las recomendaciones internacionales, extiende la jurisdicción militar, pues permitirá que delitos cometidos por integrantes de la Guardia –militares o no- no sean juzgados por autoridades civiles sino por castrenses; que se abre la posibilidad de detener a una persona en instalaciones militares; que no se incluye el reconocimiento incondicional de la competencia de la Corte Penal Internacional; que la Ley que regularía a la Guardia Nacional contendría mecanismos de evaluación, más no de rendición de cuentas; que los mecanismos previstos de control político a cargo del Congreso son insuficientes; que los plazos para el fortalecimiento de las corporaciones civiles son laxos y sus objetivos son imprecisos; que las evaluaciones y posibles ajustes sólo se refieren al marco normativo y dejan fuera de ello la política pública y el presupuesto y que, aunque busca regular el uso de la fuerza y el registro de detención, no contempla explícitamente que el Congreso pueda legislar en esas materias.
Por su parte, WOLA hizo público un documento donde externa su preocupación por la determinación del presidente de emprender la Guardia aún cuando no han sido aprobadas las modificaciones. También advirtió que los militares y la policía no son intercambiables; que la militarización de la seguridad pública en México no ha reducido la violencia y ha provocado graves violaciones a los derechos humanos; que la creación de una Guardia Nacional no aborda los débiles mecanismos de rendición de cuentas en relación con violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas; que la creación de la Guardia Nacional tampoco aborda la falta de rendición de cuentas dentro de la policía; que los miembros de la Guardia Nacional pueden obstaculizar las investigaciones criminales y, finalmente, que una Guardia Nacional militarizada no resolverá los problemas de violencia, inseguridad e impunidad de México.