Pide Ejecutivo a legisladores modificar dictamen de la Guardia; continúan preocupaciones de expertos en ddhh

*Se reincorporará al dictamen el artículo cuarto transitorio, que establece que las Fuerzas Armadas pueden, de manera excepcional, realizar labores de seguridad pública.

Ciudad de México, 19 de enero de 2019. Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el dictamen que crea una Guardia Nacional militarizada, el titular del Ejecutivo advirtió que no estaba satisfecho y solicitó cambios, al tiempo en que organizaciones de derechos humanos continúan expresando sus preocupaciones por las consecuencias de la creación de este cuerpo.

Ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado señaló que, como consecuencia de esta solicitud del Ejecutivo, se reincorporará al dictamen el artículo cuarto transitorio, que establece que las Fuerzas Armadas pueden, de manera excepcional, realizar labores de seguridad pública, además de que se recobrará el espíritu de la organización que contempla la capacitación, la formación, el adiestramiento y la disciplina de este nuevo cuerpo.

En un comunicado, Amnistía Internacional pidió que se distinga y se separen con claridad las funciones de los elementos civiles y de los militares de la Guardia y con ello permitir la acción de los elementos militares únicamente de forma excepcional, valorada caso por caso y sujeta a las limitaciones impuestas por el derecho internacional. Además, dejó claro que no se debe permitir que elementos militares de la Guardia Nacional participen en investigaciones de delitos ni actúen como auxiliares del ministerio público.

Para abordar el tema, el Senado tiene dos alternativas: el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero o que la Comisión Permanente convoque a otro periodo extraordinario antes del 1 de febrero para concluir el proceso legislativo del dictamen de creación de la Guardia Nacional.

Mientras tanto, Human Rights Watch advirtió que el presidente Andrés Manuel López Obrador heredó una catástrofe en materia de derechos humanos como resultado de la violencia extrema de la delincuencia organizada y los abusos generalizados por parte de militares, policías y agentes del Ministerio Público.