La justicia que muerde a las mujeres

El camino de la decepción

Las buscadoras que hablaron para este reportaje muestran un camino compartido: llegan confiando en las autoridades para la búsqueda de su familiar, sin algún profesional del derecho que las asesore y sin que les sean informados sus derechos. Pronto se dan cuenta de la simulación en el actuar de los funcionarios, del involucramiento con los responsables de la desaparición, de la burocracia y del poco interés por sus casos.

En 2018, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos acerca de su misión a México advirtió que los familiares de las personas desaparecidas se enfrentan a menudo con obstáculos en su búsqueda de la justicia y la verdad. También señaló que su búsqueda de la verdad y la justicia les expone a innumerables riesgos y amenazas, ya que a menudo descubren casos de connivencia entre los funcionarios y los grupos de delincuencia organizada y realizan protestas contra ello.

El primer golpe que viven las mujeres al iniciar la búsqueda es la criminalización contra la persona desaparecida por parte de las autoridades. “Lo primero que le dicen a uno cuando va a poner la denuncia es que a lo mejor en algo andaba su hijo. Ellos siempre buscan criminalizar a la persona para no buscar, para no hacer nada”, explica María Elena Medina, de Michoacán.

A Michelle Quevedo, de Veracruz, le secuestraron a un hermano; en los hechos, los perpetradores también privaron de la vida a su hermano menor y a su pareja. Al interponer la denuncia, un fiscal federal “decía que seguramente mi papá era del crimen organizado. Nos investigaron a ver si pertenecíamos a algún cartel”.

Antes que aceptar la denuncia, las autoridades también alegan que la persona desaparecida seguramente se fugó con una pareja, que se fue de fiesta o que salió de la ciudad a buscar trabajo, o mandan a las familias de regreso a su casta hasta que pasen 72 horas de la desaparición. Esto, a pesar de que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas obliga a realizar búsqueda inmediata, y de que antes de su entrada en vigor no había tampoco ordenamiento alguno que mandatara a esperar antes de levantar la denuncia.

Evangelina Ceja reconoce que siente dolor cada que las autoridades le dicen que su hija Tania se fue con alguna pareja sin siquiera tomar en cuenta que hubo testigos de la desaparición.

Como algunas mujeres ya han escuchado del famoso plazo, dejan que corran las 72 horas antes de acudir ante las autoridades. Virginia Garay lo hizo, pero –al igual que otras de las buscadoras– utilizó esos días para hacer sus primeras averiguaciones sobre la desaparición.

Una vez que logran que su denuncia sea aceptada, las autoridades tratan de cerrar los casos de distintas maneras o directamente fingen que buscan. Mercedes Ruiz sostiene que, en 10 años, no se ha realizado ninguna diligencia para buscar a su hijo y además, intentaron convencerla de que tramitara la presunción de muerte, lo cual moralmente le resulta inaceptable. María Herrera recuerda cómo un comandante incluso fingió una llamada telefónica en la que ordenaba realizar una búsqueda con helicópteros. Columba Arroniz vio varias veces cómo los policías judiciales del Ministerio Público de Tierra Blanca salían corriendo para “hacer operativos” y luego se quedaban a la vuelta de la esquina “haciéndose tontos”.

En otros casos, los funcionarios tratan de confundir a las mujeres familiares, asegurándoles que están cayendo en contradicciones o que deben declarar que ciertas personas fueron los responsables porque ellos ya lo averiguaron pero no lo pueden probar. Evangelina cree que lo que los funcionarios buscan es que “lloremos, que estemos flaqueando y así decir que tenemos un problema sicológico, y te enredan ellos mismos”.

“Ellos son burocráticos, todo lo hacen a base de papeles, de documentos, mandan escritos, esperan hasta que les contesten, le van dando tiempo al tiempo, mientras la gravedad de la situación va aumentando”, lamenta María Herrera. Ante este panorama a nivel local, muchas de las mujeres buscan que sus casos sean atraídos al fuero federal, pero no siempre han logrado mejores resultados.

La falta de investigaciones sobre los perpetradores y la connivencia entre autoridades y el crimen organizado es otra de las realidades a las que las mujeres se enfrentan de primera mano. Entre los 13 probables responsables señalados por las mujeres, al menos 6 pertenecen a las fuerzas de seguridad (municipales, estatales y federales, incluyendo a los castrenses), 5 son presumiblemente civiles –aunque uno fue reconocido por la familia como policía investigador y en dos casos no se tiene ninguna información “Cuando llegamos a hacer nuestra declaración, sólo había dos personas porque fue en la madrugada después de que mataran a mi familia. A uno de los que estaba ahí le reconocí la voz como la persona con la que estaba negociando el secuestro. Pensé que nos iban a terminar de matar a todos”, relata Michelle Quevedo Orozco. En Veracruz, donde sucedieron los hechos, se siguen repitiendo hoy en día los casos de desaparición forzada.

En la misma entidad, Columba Arroniz, madre de uno de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, recuerda que se fueron enterando de que “todos” en el Ministerio Público estaban coludidos con criminales: “Lo que pasa es que cuando uno no tiene experiencia, a veces va creyendo en esa gente, y con el tiempo te vas dando cuenta de que te toman el pelo y son bien mentirosos. Me da horror pensar que quienes buscaban a mi hijo eran los mismos que estaban con el crimen organizado”.

La mayoría de las veces, las mujeres inician el camino legal a ciegas porque les niegan información sobre el proceso y copia de los expedientes o las carpetas, aun cuando es un derecho protegido tanto por el Código Nacional de Procedimientos Penales como por la Ley General de Víctimas.

A María Elena Medina directamente la amenazaron: “Un día fuimos para que nos entregaran la copia de la denuncia de mi esposo. La directora anti-secuestro me dijo que me fuera ya, que si quería que me desaparecieran a otro de mis hijos”. A Evangelina Ceja le “desaparecieron” las denuncias que interpuso en la entonces procuraduría de Michoacán.

Como mucho, a las mujeres les ofrecen un papelito para anotar el número de expediente y les piden que hagan una llamada para ver los progresos. “No hay nada todavía, jefa. ¿Usted me tiene algo que haya sabido de su familiar?”, es una de las respuestas más habituales. “Nos hemos convertido en investigadoras. A ellos les toca esa parte pero no la hacen”, acusa María Elena Medina.

En este punto, Virginia Garay se desesperó. Se empezó a juntar con personas que sabían más y a un mes de la desaparición de su hijo, decidió conformar un colectivo de familiares, uno de los primeros en Nayarit. Así, las mujeres toman en sus manos las labores que deberían realizar los funcionarios, desde la asesoría victimal hasta la búsqueda física de las personas desaparecidas, pasando por la investigación del caso. “Te tienes que hacer todólogo, porque si nosotros no hacemos ese trabajo, ellos no lo hacen”, sentencia la sinaloense Rosa Neris. Es un sendero lleno de frustraciones y malas sorpresas “Lo único que va comprobando uno desde el inicio son las múltiples omisiones”, afirma Mercedes Ruiz.

“Por parte de las autoridades no hay información sobre cuáles son tus derechos, al contrario. Quienes nos dieron información o nos dijeron qué podemos hacer fueron las organizaciones o quienes ya pasaron por todo esto, algunos con contacto directo con las instituciones”, contrasta Jocelyn Calderón. Ahora, ella hace esa labor de orientación.

Por eso, Mercedes Ruiz valora que uno de los grandes logros de su colectivo es contar con copia de su expediente, “porque ya puede hacer uno el trabajo que le correspondería al Ministerio Público. Porque no es obligación de nosotros los familiares estar haciendo deducciones, para eso les pagamos”.

Pero, ¿logran hacer las deducciones? Por supuesto, afirman. Y cruzando información entre los diferentes casos, van haciendo el análisis de contexto que falta en las procuradurías. Encuentran en qué zonas el motivo es el secuestro de personas con recursos económicos, como jubilados de empresas paraestatales; cuándo lo son los conflictos con empresas mineras; cuándo se trata de una pelea por los territorios en las que las fuerzas de seguridad están aliadas con un bando; o cuándo es la trata de personas.

Las mujeres del grupo entrevistado han enfrentado este camino con poca formación académica y menor aún en el área legal. La mayoría solamente cursó la educación básica; tres realizaron estudios universitarios o de técnico superior pero en áreas distintas a la legal y, salvo en casos puntuales, no cuentan con un defensor/a privado. Algunas tienen la asesoría de abogados que orientan a los colectivos, pero que no están a cargo de los casos. Así, el enfrentarse al proceso legal no ha sido fácil.

“Empiezas a ver que muchas cosas de las que das la información, el gobierno pone otra. Ellos van escribiendo y tú no llevas licenciado, no tienes idea”, recuerda Evangelina Ceja de sus primeras visitas al Ministerio Público.

“Pues (me siento) impotente, porque me han dado leyes y eso pero son muy complicadas. Porque para los oficios, para los escritos de las peticiones, no tenemos un licenciado que nos esté asesorando. Sé que tenemos derecho a uno, pero siempre nos dicen que no hay”, lamenta Virginia Garay. Ella es una de las que cuenta con una carrera técnica.

Ellas difieren en si el hecho de ser mujeres ha provocado que reciban una atención más deficiente de las autoridades. La mayoría coinciden en que las autoridades tratan mal a cualquier persona, sin importar su género, pero Mercedes Ruiz advierte que cuando las acompañan hombres, por ejemplo estudiantes solidarios, las autoridades se dirigen a ellos aunque no sean las víctimas indirectas o quien va a revisar el expediente. “La discriminación hacia las mujeres está muy marcada aquí en México. Hay muchos hombres que en situaciones hasta cotidianas, prefieren tratar con hombres. Con las autoridades es lo mismo: te tratan diferente cuando vas acompañada de algún hombre, y por supuesto que es muy diferente cuando ya vamos como organización”, insiste.

En eso todas coinciden: la única manera de lograr la atención de las autoridades es llegar en colectivo o mencionar que se tiene un respaldo de ese tipo, sin importar –ahí sí– que la organización esté conformada exclusiva o mayoritariamente por mujeres. Luego, ellas van aprovechando los contactos y conocimientos que se generan para ayudar a las familias que recién se acercan.

María Herrera recuerda que hubo familias que no recibieron atención hasta que acudió ella con más compañeras. “Ay, doña Mari, pásele”, le decían las autoridades. “No, pues si las que necesitan atención son estas personas, y venimos con ellas”, contraatacaba. Doña Mari es un rostro conocidísimo a partir de que interpeló en cadena nacional al entonces presidente Felipe Calderón como parte de los diálogos con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

A ella, insiste, le tocó estar en esa posición. Muchas mujeres se le acercaron luego del episodio con Calderón y ella pensaba: pero si yo no he resuelto lo mío, ¿cómo voy a resolver lo de ellas? Luego pensó: “pues mi caso es una puertita. Si logro pasar yo, por ahí pasamos todas”. Así, las mujeres llevan el caso propio y, a la vez, apoyan en los de las demás. Acompañan, volantean, recorren, recaudan y buscan para ellas y para todas.

Las mujeres han comprobado que la presión constante también ayuda a quienes buscan. Evangelina Contreras se dio cuenta de que cuando comenzó a ir con un magistrado, éste ordenó a sus subordinados: “Hay que darle prioridad al expediente de ella porque está viniendo, y dejen los demás que no vienen”. Por su parte, las familias de los desaparecidos en Tierra Blanca mantuvieron un plantón-campamento frente al Ministerio Público, aportaron las pruebas que lograron conseguir y colocaron el caso en medios de comunicación de primer impacto.

Dentro de este panorama espinoso, las mujeres han encontrado a algunos funcionarios que sí se esfuerzan por cumplir con los derechos a la verdad y la justicia. Específicamente recuerdan a una funcionaria.

Al menos tres de las mujeres señalaron la historia de Lulú Palacios, una agente del Ministerio Público Federal que sí iba con ellas a la búsqueda en terreno porque “ninguna persona que se ha buscado detrás de los escritorios ha aparecido” como sostiene María Herrera Lourdes Palacios falleció en octubre de 2018. Lo que nunca se supo públicamente, dice una de las mujeres, es que esta funcionaria “humanitaria, solidaria e incansable” era también familiar de una persona desaparecida.

La búsqueda

Las familias –esa mayoría invisibilizada de mujeres– se han hecho conocidas en los espacios noticiosos y en la vida pública quizá en mayor medida por sus iniciativas de búsquedas de fosas clandestinas. Fueron mujeres desesperadas por la inacción de las autoridades quienes comenzaron a arañar la tierra, en una práctica que se extendió progresivamente a todas partes del país.

No es de extrañarse que sea una actividad en la que los colectivos empeñen sus esfuerzos. De acuerdo con datos gubernamentales, tan sólo del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 fueron encontradas 874 fosas con restos de mil 124 cuerpos. Si contamos las fosas clandestinas encontradas desde el año 2006, la cifra asciende a 3 mil 631.

Aunque con menor visibilidad mediática, las mujeres hacen búsqueda en hospitales, clínicas de rehabilitación, centros de privación de libertad, etcétera, pues están claras de que la búsqueda en vida es lo primero que debe hacerse y no se debe perder la esperanza nunca. Pero conscientes del nivel de violencia y crueldad que se vive y de la inacción gubernamental, no dejan de escarbar para no descartar ninguna posibilidad.

“Nos dicen desobediencia civil porque no nos detenemos, todos los días salimos a rastrear, a romper la tierra en puntos donde pensamos que puede haber algo”, explica Rosa Neris. Para estas mujeres, lo hallado son personas que tienen nombre y familia, que tienen rostro. “Son nuestros tesoros”, resume María Herrera. Así se refieren siempre a quienes hallan.

Entonces, quienes antes de la desaparición eran amas de casa, tianguistas, empleadas, empresarias o profesionales, pronto comienzan a capacitarse en materias relevantes para la búsqueda. A través del aporte de estudiantes, docentes, personas solidarias e incluso de instituciones educativas ellas se forman en temas de antropología física y forense y en derecho Además, quienes integran las organizaciones –muchas de ellas, personas de campo– han aportado su propio conocimiento comunitario y empírico para innovar en técnicas de búsqueda que ahora se han generalizado, como las famosas varillas en T: las personas “leen” la tierra para detectar dónde está removida; luego clavan una varilla que en la parte superior tiene un agregado para poder ser golpeada con un mazo y, si el golpe libera olor a restos humanos o la punta de la varilla lo tiene, las buscadoras excavan.

De esta manera, la combinación de conocimientos les permite identificar cuando las y los peritos de las autoridades no están realizando procedimientos correctamente.

“La necesidad nos obligó a tener que llevar esas acciones, y están dando resultados. Si nosotros actuamos y sabemos cómo hacer las cosas, vamos a saber qué exigir”, explica Jocelyn. Advierte que los dos primeros días después de la desaparición son fundamentales y lamenta que las autoridades no tengan iniciativa en este periodo, ni hagan geolocalización a menos que sea un caso de alguien con algún poder.

¿Y cómo inicia una búsqueda? Muchas veces, las organizaciones reciben información anónima que les señala los puntos en los que podrían hallar a sus tesoros; otras veces, ellas hacen mapeo y rastreo –reconocimientos previos de terreno en puntos probables a partir del análisis de contexto que realizan. De ahí tiene que organizarse la búsqueda.

La relación con las autoridades es obligada dado que es necesario preservar la cadena de custodia y que se realice una identificación oficial de los restos hallados. “Nosotros, ya saliendo el primer hueso, paramos hasta que ellos llegan”, explica Neris. Ésta ha sido una relación complicada.

Jocelyn Orgen explica que han encontrado dos formas para obligar a que los funcionarios participen en las búsquedas: “Una es que por iniciativa propia planteamos una búsqueda y hacemos unas llamadas para decir que lo vamos a realizar; eso los pone en alerta y se tienen que involucrar a fuerza porque si no, se exhiben políticamente. La otra es que, por ejemplo, dentro de la investigación de mi caso en particular tiene que haber una; le aviso de esa diligencia a mis compañeras y vamos a hacer búsqueda”.

Una vez con las autoridades en el terreno, el desarrollo de la jornada tampoco es fácil. “Hay choque porque ellos se sienten incómodos de que les digamos cómo hacer las cosas. Les decimos: eso no está bien hecho, así no. ¡Pues entonces qué hacemos!, dicen. Ah, ¿no? pues periodicazo”, ejemplifica Jocelyn. Ella recuerda que en una diligencia para buscar a su padre fueron a una mina de piedra “donde obviamente no iban a entrar las varillas. Llegan ellos varillando sobre piedra, eso es una simulación”. La presión del colectivo logró que se organizara una nueva búsqueda, esta vez adecuada al terreno.

Por su parte, los colectivos de Nayarit –donde las organizaciones de familiares son relativamente recientes– le avisan a las autoridades, quienes envían una patrulla a la jornada de búsqueda. “Pero es más estrés porque quieren medio día y ya. Que porque no hay nada, que tienen mucho qué hacer, que no traen gasolina. Entonces no da resultado ir con ellos y la mayoría de las veces vamos solas, y es a valor”, detalla Virginia Garay.

Luego viene un tema aún más delicado. Evangelina, de Michoacán, y Rosa Neris, de Sinaloa, coinciden en que, en algunos casos, las autoridades vuelven a desaparecer los restos, ya sea simplemente negando que existió el hallazgo o deshaciéndose de ellos.

“Están los desaparecidos, tú los entregas (los restos) a la procuraduría, ellos los llevan al basurero y los queman y así te los van a desaparecer para siempre”, acusa Evangelina Contreras. Apenas en noviembre de 2019 trascendió que en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Coatzacoalcos, Veracruz, familias encontraron restos óseos quemados junto con la basura.

Rosa Neris confirma que esto ha ocurrido en algunas entidades: “Hemos descubierto que les damos puntos, ellos van y encuentran (restos) y nos los vuelven a desaparecer. Por eso exigimos que la búsqueda sea de las familias”, insiste.

Esta exigencia está ya respaldada legalmente. Por el incansable impulso de las familias se emitió la actual Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que incluye el principio de participación conjunta. Esto garantiza la participación directa de las familias en las tareas de búsqueda, incluido el diseño, implementación y evaluación de las acciones en casos particulares y en políticas públicas y prácticas institucionales.

Una vez extraídos los tesoros, comienza una tarea fuera de las manos de las familias: la identificación. Éste es uno de los puntos álgidos de las búsquedas, e incluso ha hecho dudar a colectivos de la pertinencia de seguir con su labor debido a la falta de infraestructura oficial para realizarla.

Virigina Garay dice que en Nayarit “tenemos bastantes cuerpos de los que se han encontrado en fiscalía y pues todo mundo está desesperado por qué pasó con las pruebas de ADN”.

“Más tristeza da cuando sacamos infinidad de tesoros y no les podemos dar identidad. Estamos luchando contra viento y marea, buscando de qué manera se puede llevar a cabo el banco de genética que nos urge”, lamenta María Herrera.

Los hallazgos no son un tema sencillo de sobrellevar. El hecho de que una fosa pueda ser el destino de su hija, su esposo o su padre o de pensar qué les hicieron antes de llegar ahí es doloroso para quienes buscan.

En el terreno y en diversos colectivos, las mujeres afrontan los hallazgos con una especie de ceremonia: se abrazan o entrelazan sus manos y agradecen poder devolver a un tesoro con su familia en vez de que se quede en el monte. Muchas lloran y otras se retiran un momento. Luego retoman los trabajos.

Los colectivos de familiares comparten un principio: tratar a todos los tesoros como propios. Evangelina, por ejemplo, no puede entrar por seguridad a la zona donde cree que podría hallar a su hija. A pesar de eso, participa en rastreos en otras zonas, esperando que llegue el momento adecuado para su caso. Doña Mari sabe que puede ser que alguna otra buscadora encuentre a sus hijos. Por eso, todas las búsquedas son de todas.

“Cuando encontramos un cuerpo tenemos sentimientos que chocan: alegría de que sí encontramos a una persona con base en nuestras estrategias empíricas; luego dolor. En el tema de la identificación baja nuestra alegría porque no hay una estructura para hacerla y tener la certeza; coraje también, porque no hay ni cómo tengan un orden en el tema de los cuerpos que se van encontrando”, confiesa Jocelyn.

En octubre de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración declaró que existían 38 mil cuerpos sin identificar. El desorden en materia forense ha sido objeto de diversas recomendaciones internacionales. En noviembre de 2018, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por la insuficiencia de los servicios forenses para responder a las necesidades de búsqueda, investigación, exhumación e identificación y recomendó, entre otras cosas, la creación de un mecanismo internacional de asistencia técnica forense en conjunto con las víctimas, las organizaciones especializadas y otras entidades relevantes.

En abril de 2019 en el marco de su visita a México, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recomendó explorar vías para atender las necesidades en materia de identificación, incluida la instauración de un mecanismo extraordinario de identificación forense2: “En el lamentable caso de que sus seres queridos hayan fallecido, sus restos deben ser identificados adecuadamente y entregados dignamente a las familias, utilizando para ello todos los recursos existentes y explorando vías como la instauración de un mecanismo extraordinario de identificación”, declaró.

Este mecanismo consistiría en la conformación de equipos periciales, con asistencia internacional, abocados exclusivamente a revertir el rezago en la identificación forense a nivel tanto estatal como federal. Apenas el pasado 6 de diciembre de 2019 se anunció el establecimiento de dicho Mecanismo. A mediados de marzo de 2020 se dio la noticia de su conformación, lo que puede abrir la puerta para que miles de familias recuperen la paz.

Si bien las mujeres y sus colectivos han logrado diversos avances en la conformación de instituciones, quedan aún muchos retos por afrontar: “¿De qué sirven los nombramientos de funcionarios especializados si no les dan nada de presupuesto?”, reclama Virginia Garay.

El Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, en su informe de 2018 sobre su misión a México, consideró que las actividades de búsqueda realizadas por familiares deberían ser reconocidas como un elemento más de la labor general de defensa de los derechos humanos. “Las brigadas nacionales de búsqueda de personas desaparecidas y el movimiento más amplio de familias de los desaparecidos han ayudado a evitar muchas desapariciones”, señaló en su párrafo 71.3