Keren Ordoñez

La vulnerabilidad económica, la persistencia de la práctica de tortura en México, y la discriminación y desigualdad de género colocaron a Keren Selsy Ordoñez Hernández, una joven de 28 años originaria de Veracruz, en medio de un proceso que la ha mantenido privada de su libertad por casi nueve años de injusticia.

La historia de Keren

A sus 19 años, Keren tuvo a su primera y única hija, tras un parto complicado que puso en riesgo su salud. Keren y su familia vivían en un contexto de pobreza y desigualdad económica y no contaron con ningún tipo de apoyo por parte del padre de la bebé.

El 11 de diciembre de 2015, a pesar de seguir convaleciente a un mes de haber parido, Keren salió de casa para encontrarse con su ex pareja para solicitarle recursos para la manutención de su hija. El domicilio se encontraba a un par de cuadras de donde ella vivía. Mientras lo esperaba en la entrada de la casa, vehículos de la Policía Federal y Policía Ministerial de Tlaxcala arribaron al lugar. Los agentes armados detuvieron a la ex pareja de Keren, a otro hombre que se encontraba en el lugar, a ella y a su bebé.

Aunque los agentes no contaban con una orden de aprehensión en su contra, Keren y su hija fueron detenidas de manera arbitraria y vivieron múltiples violaciones a sus derechos humanos. La joven, además, enfrentó un proceso doloroso donde la discriminación por razón de género imperó en todo momento.

Los agentes le quitaron a la bebé de sus brazos, subieron a ambas a un vehículo oficial sin explicarles el motivo de la detención. Una vez que se encontraban en la patrulla, Keren fue sometida a golpes, asfixia y amenazas de lastimar a su hija. Incluso los agentes hicieron referencia a que, como la bebé aún no contaba con un acta de nacimiento, nadie se percataría de su ausencia; es decir, amagaron con desaparecerla. 

Keren y su bebé permanecieron cuatro horas en las instalaciones de la Fiscalía General de Veracruz. La Fiscalía incluso realizó un certificado de integridad física a la bebé, en donde refieren que se examinó a una “niña de un mes de edad, en calidad de detenida”.

En total, desde la detención hasta la puesta a disposición ante el Ministerio Público de Tlaxcala, Keren y su bebé pasaron 11 horas incomunicadas y sujetas a más violencia y violaciones a sus derechos humanos. Durante ese tiempo, Keren fue interrogada sobre un secuestro acontecido al interior de la casa donde se encontraba su ex pareja mientras continuaba siendo  amenazada con causarle daño a su hija, por lo que fue obligada a firmar una declaración fabricada en la que reconocía haber participado en el secuestro, realizando labores de cuidado. Horas más tarde, las autoridades ministeriales entregaron a la bebé al DIF estatal, sin dar aviso previo a algún familiar.

En el caso de la hija de Keren, las autoridades no tomaron en cuenta el interés superior de la niñez, ni tomaron acciones inmediatas para salvaguardar la salud e integridad física y emocional de la bebé, como localizar a algún familiar o a una institución especializada en derechos de niñas y niños que pudiera hacerse cargo de su cuidado y protección ante la situación de su madre.

Las autoridades ministeriales no dieron aviso previo a algún familiar. La hija de Keren permaneció 12 días lejos de su familia, hasta que la abuela materna logró que se la entregaran.

Keren fue expuesta a medios de comunicación, exhibida como “secuestradora”. Se difundieron sus fotografías, su nombre completo y lugar de origen, lo cual viola el principio de presunción de inocencia.  

Además, vivió discriminación y falta de perspectiva de género en su proceso, ya que las autoridades del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala analizaron los hechos y pruebas del caso, ignorando la especial situación de vulnerabilidad en la que se encontraba Keren al momento de su detención, así como las distintas violencias de género de las que fue víctima.