El 5 de junio de 2009, ocurrió un incendio en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, en el que perdieron la vida 49 niñas y niños y resultaron lesionados más de 70.
Esta tragedia no fue un suceso imprevisible, sino que fue el resultado de una política de subrogación de estancias infantiles que, en lugar de garantizar condiciones de seguridad para los niños y las niñas, buscaba reducir gastos de operación, generando a la vez ganancias para los dueños de las estancias.
La Guardería ABC ejemplificaba en toda su gravedad este sistema, pues operaba en una nave industrial parcialmente acondicionada, sin mínimos estándares de seguridad para ser estancia infantil.
Los hechos posteriores al incendio han configurado una nueva violación de derechos humanos, pues diversas personas responsables, incluyendo altos funcionarios estatales y federales, no fueron debidamente investigadas y no han rendido cuentas ante la justicia.
Por otra parte, aun cuando los padres y madres hayan logrado la promulgación en 2011 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (conocida como la Ley 5 de Junio) -legislación parteaguas en materia de seguridad y protección de los derechos de la niñez en las estancias infantiles-, la misma no ha sido implementada de manera efectiva en todo el país.
Desde 2009, las familias de las niñas y los niños fallecidos y afectados a causa del incendio en la Guardería ABC han luchado incansablemente por el acceso a la verdad, la justicia y la no repetición de hechos como los que han vivido.
En octubre de 2014, ante la falta de avances a nivel nacional, un grupo de padres y madres, acompañados por el Centro Prodh, decidió presentar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El caso actualmente se encuentra en la etapa de Fondo y plantea violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías y protección judiciales y a la protección de la niñez.
