En Ciudad Juárez, Chihuahua, la militarización de las tareas de seguridad pública ha agudizado la comisión de violaciones a derechos humanos tales como las detenciones arbitrarias, la incomunicación, la tortura, el arraigo y la fabricación de delitos, por lo que es posible constatar que el alto grado de descomposición institucional provoca que la violencia generada por el Estado repercuta, sobre todo, en la población más pobre y vulnerable.
Israel Arzate Meléndez es ejemplo de la criminalización y estigmatización ejecutada por actores del aparato estatal contra los sectores sociales marginales, quienes tendencialmente se encuentran en riesgo de ser detenidos, procesados y sentenciados por delitos que no cometieron. Para Israel, la tragedia la representa el ser joven y de un sector económico en situación desfavorable. Estas características fueron utilizadas como forma de legitimación del aparato de investigación y persecución del delito. Su caso es también el de muchos otros que, por temor a denunciar, han decidido continuar sus procesos en silencio.
En una entidad como Chihuahua, donde el sistema de justicia penal es de corte acusatorio, oral y adversarial, las violaciones a derechos humanos resultan aún más graves, pues demuestran que esta nueva forma de búsqueda de la justicia no cuenta con suficientes mecanismos de protección a las garantías procesales y que el sistema no es adecuadamente aplicado al mantener resabios del sistema inquisitivo, o recurrir a medidas regresivas por medio de contrarreformas legislativas. Por lo tanto, el caso de Israel evidencia las fallas del sistema mexicano de procuración y administración de justicia, en el que se permite la fabricación de delitos, la utilización de pruebas ilícitas y la mediatización de los procesos judiciales en casos de alto impacto social, situaciones que comprometen el debido proceso, la imparcialidad judicial y el acceso a un juicio justo.