Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos de la sierra de Petatlán en el estado de Guerrero, son activistas defensores de los bosques de su región que han luchado contra la tala ilegal de árboles. A través del activismo pacífico de la organización que conformaron (la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de petatlán y Coyuca de Catalán, OCESP), lograron el retiro de la zona de una empresa estadounidense responsable por la tala excesiva e irregular de los bosques de la Costa Grande. Por lo tanto, han recibido diversos premios ambientales internacionales. Sin embargo, sus triunfos en la defensa del medio ambiente provocaron represalias por parte del Estado.
CRONOLOGÍA DEL CASO
En 1999 en el contexto de un operativo militar supuestamente contra el narcotráfico en Guerrero, Rodolfo y Teodoro fueron detenidos arbitrariamente y torturados por elementos del ejército. Fueron obligados a firmar declaraciones auto-inculpatorias y después fueron condenados a prisión por delitos que no habían cometido: portación de armas prohibidas y cultivo de marihuana.
Por razones humanitarias (de salud), ambos activistas fueron liberados de prisión en el año 2001 por instrucciones del entonces-Presidente Vicente Fox. No obstante, su inocencia todavía seguía sin reconocerse, por lo que se continuó con el litigio del caso hasta agotar todos los recursos disponibles en instancias nacionales en México.
Con el acompañamiento del Centro Prodh y otras organizaciones mexicanas e internacionales, el caso fue presentado en el 2001 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que declaró el caso admisible y después de analizar el fondo del asunto, declaró la responsabilidad internacional del Estado por violar los derechos humanos de los campesinos ecologistas. Hizo varias recomendaciones al Estado Mexicano sobre reparaciones a las víctimas y acciones a nivel nacional para garantizar la no repetición de hechos semejantes.
Después de varios meses en los que el Estado Mexicano omitió cumplir las recomendaciones, la Comisión mandó el caso a la Corte Interamericana en el 2009 para su evaluación. La Corte declaró al Estado Mexicano responsable por violaciones a los derechos de libertad personal, la integridad personal, garantías judiciales y por incumplir con sus obligaciones de adecuar el marco normativo interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su sentencia de noviembre de 2010, la Corte ordenó al Estado Mexicano reparar las violaciones sufridas por los dos activistas e implementar varios cambios estructurales para erradicar las causas que dieron origen a los abusos, entre ellos:
- Mantener actualizado de manera permanente un registro de personas detenidas con información accesible y mecanismos de control para garantizar su cumplimiento.
- Investigar las denuncias de tortura de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.
- Reformar el Código de Justicia Militar para garantizar que la jurisdicción militar no investigue casos de violaciones a los derechos humanos.
En 2013, la Corte emitió su primera sentencia sobre los avances en el cumplimiento de la sentencia de 2010, señalando que el Estado no había cumplido con estos tres puntos fundamentales. Por lo tanto, lo instó para que lo hiciera en un periodo razonable.
Se debe destacar que a causa de este caso y otras tres sentencias dictadas por la Corte Interamericana contra el Estado mexicano entre 2009-2010, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar a finales de abril de 2014. El texto reformado dispone que la jurisdicción civil tenga competencia sobre los delitos cometidos contra personas civiles, pero todavía no cumple los estándares interamericanos al no excluir la posibilidad de que las fuerzas armadas investiguen y juzguen violaciones a derechos humanos.
Por otra parte, no ha habido avances significativos en la investigación y sanción de los actos de tortura, y el Estado sigue sin cumplir los requisitos establecidos por la Corte IDH en materia de registro de personas detenidas.
Mientras los ecologistas siguen esperando justicia por las graves violaciones a derechos humanos cometidas en su contra, han logrado un avance en la defensa del medio ambiente en Guerrero a través del litigio internacional: a raíz de la sentencia de la Corte IDH, el Estado mexicano llevó a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad en el que Rodolfo Montiel solicitó que el Estado realizara un proyecto de reforestación en Petatlán. En seguimiento a la solicitud, la Semarnat llevó a cabo un acto inicial de reforestación en la zona en julio de 2013, consistente en plantar miles de arbolitos de cedro rojo y pino, como parte de un proyecto multianual de reforestación.
