En el contexto de la política represiva contra organizaciones políticas disidentes de los años sesenta, setenta y ochenta –conocida como Guerra Sucia-, Martha Alicia Camacho Loaiza y su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga, militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fueron detenidos el 19 de agosto de 1977 en Culiacán, Sinaloa, por soldados de la IX Zona Militar, policías estatales y miembros de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Martha fue torturada durante 49 días en la Novena Zona Militar en Culiacán; obligada a presenciar la tortura y ejecución arbitraria de su esposo –cuyo cuerpo fue desaparecido– y a dar a luz en condiciones infrahumanas. Recuperó su libertad tras pagar un rescate y se convirtió en una de las pocas sobrevivientes de estos hechos.
Tras la creación en 2001 de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Martha Camacho, con el acompañamiento del Centro Prodh, interpuso el 22 de mayo de 2002 una denuncia por el asesinato y desaparición forzada de José Manuel y por tortura y desaparición forzada consumada de ella misma.
Más de diez años después, el 07 de febrero de 2013, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR notificó a Martha el no ejercicio de la acción penal alegando que los delitos denunciados –homicidio, allanamiento de morada, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, encuadrados en el fuero común– habían prescrito.
Martha Camacho y su hijo promovieron un juicio de amparo indirecto bajo el número 227/2013, argumentando que en el contexto de la Guerra Sucia se cometieron ataques sistemáticos contra un sector de la población que, por su gravedad, constituyen delitos de lesa humanidad, los cuales no prescriben y deben ser investigados y sancionados; también se argumentó que durante varios años la investigación efectiva de estos delitos no era posible debido a las condiciones generadas por el régimen político.
El juzgado concedió el amparo el 29 de julio de 2014 y señaló que en la averiguación previa existían suficientes elementos -incluyendo el “Informe Histórico a la Sociedad Mexicana” de la Femospp– para considerar que durante la Guerra Sucia se habrían cometido violaciones a derechos humanos que pueden ser constitutivas de delitos de lesa humanidad, que por su gravedad son imprescriptibles y que determinar el no ejercicio de la acción penal impide conocer la verdad histórica y la reparación real y efectiva a las víctimas.
La PGR recurrió la decisión, pero una sentencia de fecha 13 de julio de 2015, dictada dentro del Amparo en Revisión 209/2014, confirmó el amparo y estableció que la PGR debía investigar con diligencia: en el caso de José Manuel Alapizco, la desaparición forzada y asesinato; en el caso de Martha Camacho, tortura.
A la fecha, la investigación sigue abierta.
Actualmente, Martha Camacho es presidenta de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa (UMHDS).
La reparación
El 14 de junio de 2019, la CEAV emitió una resolución para determinar el plan de reparación integral del daño en favor de José Manuel, Martha Alicia y su hijo Miguel Alfonso al reconocerlos como víctimas de violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos humanos. Dentro de las medidas de reparación se encuentran los actos de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública.
El reconocimiento de la responsabilidad por parte del Estado es un importante paso en la demanda de verdad, justicia y reparación de Martha y su familia, además de un mensaje de rechazo a la impunidad y a las violaciones a derechos humanos. Es de esperarse que la disculpa pública también represente una esperanza para las víctimas de la represión estatal, dado que la impunidad en tales casos es el legado que ha permitido que crímenes tan atroces se sigan cometiendo contra la población.
La disculpa pública para Martha se realizó el 23 de septiembre de 2019 a las 12:00 horas en el Centro Cultural Universitario – Tlatelolco. Puedes ver el resumen en este enlace
