A lo largo de los años, la comunidad indígena de Huitzontla, en el estado de Michoacán, ha tenido que luchar contra intentos de fraccionar o quitar territorio perteneciente al pueblo a través de demarcaciones de otras pequeñas propiedades colindantes. Esto a pesar de que la comunidad ya había solicitado con el gobierno Federal la confirmación de sus bienes comunales en el año 1953, con la documentación necesaria que demuestra títulos primordiales que datan del año 1871. Aunque en el 2006 por fin lograron revocar varios cambios y se restituyeron territorios a la comunidad, hasta la fecha se sigue sin reconocer una superficie notable comprendida por dos distintos predios de propiedad privada. Con todo esto, se han estado violando por décadas los derechos de esta comunidad indígena a su autonomía y libre determinación del territorio, a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, y a la preservación del equilibrio ecológico. Además, se viola el artículo 2 de la Constitución Mexicana que establece que las comunidades indígenas tienen derecho de preferencia para usar y disfrutar de los recursos naturales que existen en el territorio que ocupan.
Por si fuera poco, la Secretaría de Economía también otorgó concesiones mineras en Huitzontla que no pasaron por ningún proceso de consulta comunitaria, a pesar de las fuertes afectaciones que tendrían en el territorio del pueblo. De hecho, los y las residentes sólo se enteraron de las concesiones por la llegada de maquinaria a sus tierras, y para ese momento, la empresa ya estaba trabajando.
A pesar de que Ley de Minería establece que el gobierno puede ceder unilateralmente el subsuelo de cualquier territorio a empresas privadas para su explotación, esto pasa por alto que para las labores que conllevan un proyecto minero – prospección, exploración, y explotación del subsuelo – se tiene que pasar necesariamente por el suelo, interrumpiendo y dañando gravemente el territorio y las actividades que la comunidad lleva a cabo en él.
Luego de más de 3 años de litigio, la comunidad ganó un amparo que ordena suspender las licitaciones que permiten a las empresas mineras trabajar en el territorio hasta que se realice una consulta libre e informada.
