En el segundo semestre de 2024, México experimentó una serie de transformaciones constitucionales de gran calado, impulsadas por el paquete de reformas conocido como el «Plan C». Estas modificaciones, presentadas inicialmente en febrero de 2024, incluyeron propuestas en materia de derechos sociales y ambientales, pero también avanzaron sobre aspectos críticos de los derechos civiles y políticos. Entre los cambios más significativos se encuentran la adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA, la reforma judicial para elegir jueces por voto popular y la eliminación de órganos autónomos como el INAI y el CONEVAL.
Desde organizaciones civiles y sistemas internacionales de derechos humanos se advirtieron los riesgos que estas reformas conllevan para las libertades y el acceso a la justicia en el país. Aunque se reconocen avances en derechos sociales, las preocupaciones sobre el debilitamiento de contrapesos y la concentración de poder marcaron el debate público y generaron un llamado a la reflexión sobre el futuro democrático de México.
Las elecciones del 2 de junio de 2024 marcaron un hito histórico: México eligió a su primera mujer presidenta y otorgó una mayoría legislativa al partido en el poder, lo que facilitó la aprobación de estas reformas sin necesidad de consensos amplios. La sobrerrepresentación en el Congreso permitió concretar más de 10 decretos que modificaron 40 artículos constitucionales, abriendo un nuevo capítulo en la historia política del país.
Ahora, el debate está abierto: ¿estamos ante un cambio de régimen? En este número de DeFonDHo, exploramos a fondo estas reformas y sus implicaciones desde una perspectiva de derechos humanos, analizando los riesgos, los posibles retrocesos y el horizonte que se dibuja para la democracia mexicana; esperamos que les sea de utilidad.
