Por cuanto hace a esclarecer la época de la Guerra Sucia, víctimas y sobrevivientes han hecho lo humanamente posible y más, manteniendo la memoria con una dignidad admirable, mientras que periodismo, academia y mecanismos internacionales de derechos humanos han hecho su aportación. Pero la respuesta del Estado mexicano nunca ha estado a la altura.
La semana pasada fue presentado en el Centro Cultural Tlatelolco el Informe “Fue el Estado”, elaborado por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), que se creó para indagar el período conocido como Guerra Sucia. El reporte se entregó en un acto digno, donde la palabra y la presencia de las víctimas estuvo al centro.
Los comisionados Abel Barrera, Carlos Pérez Ricart y David Fernández realizaron una revisión exhaustiva sobre la violencia de Estado perpetrada en contra de campesinos, periodistas, desplazados, personas de la diversidad sexual y otros sectores. Se ha anunciado que la comisionada Eugenia Allier presentará más adelante el reporte sobre las políticas represivas desplegadas específicamente contra las organizaciones político armadas, que sin duda será también muy relevante.
Publicado originalmente el día 20 de agosto del 2024, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
El Informe “Fue el Estado” es de enorme trascendencia. A partir del valioso trabajo de campo y archivístico que realizaron los muy comprometidos equipos de trabajo de los comisionados, el reporte muestra que las prácticas autoritarias tuvieron, durante la segunda mitad del siglo XX mexicano, un alcance mucho más amplio que el que se suele reconocer. Su análisis documenta cómo la violencia de Estado, durante el período, no se concentró únicamente en los sectores estudiantiles o en las organizaciones insurgentes, sino que se expandió en contra de casi cualquier disidencia. Esta perspectiva supone, como se ha sabido ver, una valiosa reinterpretación de la historia política reciente y es por ello un insumo importante para la comprensión de nuestro presente.
De especial relevancia es la identificación de lo que los comisionados llaman “factores de persistencia”. Bajo esta categoría, identifican las condiciones estructurales del Estado mexicano que repercuten en que no hayamos logrado hasta hoy erradicar en México, de una vez por todas, las graves violaciones a derechos humanos. Así, los comisionados apuntan a cuestiones como la ausencia de controles civiles robustos sobre el actuar de las Fuerzas Armadas.
En la presentación del informe, los comisionados se refirieron ampliamente a la falta de apoyo institucional pleno que enfrentaron durante su mandato, ejemplificado en cuestiones como la falta de acceso íntegro a los archivos de todas las autoridades, sobre todo del Ejército, del Estado Mayor Presidencial y de lo que hoy es el Centro Nacional de Información.
Sin embargo, el MEH supo abrirse camino, en buena medida por el generoso respaldo activo de víctimas y familiares que entendieron que esta era una de las últimas oportunidades de avance, por el tesón de los comisionados y por el apoyo inicial del subsecretario Alejandro Encinas -a quien debe reconocerse su decidido empeño en esta iniciativa. Así, asumiendo que la realidad será siempre contradictoria y que las iniciativas perfectas sólo existen en el purismo de la abstracción, los comisionados operaron con lo que tenían enfrente y se volvieron el único mecanismo realmente relevante de la fallida Comisión gubernamental. De ese modo, sortearon la obstaculización, agudizada en los últimos tiempos por el triste desdibujamiento de la política de derechos humanos de esta administración.
La pérdida de apoyo que experimentó el MEH termina pareciéndose mucho a otros procesos vistos y documentados en el pasado reciente, aunque debe decirse que en esta ocasión lo sucedido es particularmente lamentable por ser este gobierno heredero de los movimientos sociales del pasado reciente. Y es que la reticencia del Estado a hacerse cargo del pasado se ha vuelto un rasgo pétreo. Es claro: por cuanto hace a esclarecer la época de la “Guerra Sucia”, las víctimas y sobrevivientes han hecho lo humanamente posible y más, manteniendo la memoria con una dignidad admirable; el periodismo ha contribuido también, con investigaciones profundas que siguen encontrando cabos nuevos –como las publicadas recientemente sobre los llamados “vuelos de la muerte”; la academia se ha abierto a la necesidad de reinterpretar el período desde nuevas aristas; los mecanismos internacionales de derechos humanos han aportado sentencias y pronunciamientos que reconocen lo que ocurrió, y las organizaciones de la sociedad civil han puesto también su cuota acompañando las diversas iniciativas que han surgido.
Pero la respuesta del Estado nunca ha estado a la altura: se sigue obstaculizando el acceso a los archivos, se sigue sin reconocer mediante un acto de disculpa pública lo ocurrido en el período, se sigue permitiendo la opacidad y la impunidad castrense. El diferencial que pudo ocurrir en esta administración, por ejemplo con la recepción del Informe por el Primer Mandatario para reconocer solemnemente que esto ocurrió y con una disculpa pública proferida también desde el Ejército, se mira hoy improbable y lejano.
En ese sentido, la ausencia de las autoridades gubernamentales en la presentación del MEH y sus intentos de diluir el reporte “Fue el Estado” subsumiéndolo en el balance del resto de mecanismos, e incluso generando intrigas pueriles contra los comisionados, conecta con ese pasado y muestra el pequeño alcance de la mirada de la administración en el cierre de sexenio. Siendo así, es deseable que en la revisión de la experiencia reciente del MEH prevalezca la claridad política básica que se requiere para identificar dónde están las resistencias no vencidas y reclamarlas a quien se debe, sin caer así en distracciones estériles.
El Informe “Fue el Estado” es un importante aporte a la conciencia colectiva nacional sobre lo que realmente fue el régimen autoritario de la segunda mitad del siglo XX y, en ese sentido, un recordatorio oportuno sobre la importancia -y la fragilidad- de las instituciones democráticas. Como lo dijo con precisión el comisionado David Fernández, es una investigación que no es de conclusión sino de apertura; un paso adelante hacia la memoria.