Quien sea que gobierne el país a partir de 2024 encontrará a un Ejército empoderado como nunca antes. Urge comenzar a discutir los controles civiles externos y la supervisión civil extraordinaria que deben diseñarse ante el nuevo papel que ya desempeñan hoy las Fuerzas Armadas en nuestra realidad política nacional.
A un año de que se publicaron las reformas que ampliaron hasta 2028 el plazo temporal para que la Fuerza Armada Permanente realice tareas de seguridad pública en el país, el Centro Prodh presentó la segunda edición del Informe #PoderMilitar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense“.
El Informe #PoderMilitar busca contribuir a la discusión de la actual profundización de la militarización y a recordar que en México urge un proceso de gradual desmilitarización de la vida pública para tornar más eficientes las políticas de seguridad, para reducir cabalmente las violaciones a derechos humanos y para reconducir la relación cívico-militar hacia el control que los civiles deben ejercer sobre los castrenses.
Publicado originalmente el día 29 de noviembre del 2023, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
El reporte presenta un recuento puntual del proceso jurídico y político por el que se ha profundizado la militarización en este sexenio, analizando específicamente las recientes reformas que han derivado en una notable e innegable ampliación de la preeminencia militar. Así, el reporte analiza detalladamente más de una decena de reformas y actos jurídicos que han aumentado el poder castrense.
Adicionalmente, el informe confirma que los controles civiles internos y externos sobre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional se han seguido debilitando. Por ejemplo, actualiza los datos sobre el número de expedientes de investigación de la Guardia Nacional que se han abierto en la Unidad de Asuntos Internos de dicha corporación, acreditando que este control interno no está funcionando.
Por otro lado, #PoderMilitar identifica los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuibles a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional que se han presentado en este sexenio, para mostrar cómo las graves violaciones a derechos humanos no se han erradicado. En este sentido, analiza también la manera en la que, ante la recurrencia de estos hechos, se ha ampliado la intervención militar en la investigación, lo que se traduce en la realización de las primeras diligencias, en la conducción de investigaciones paralelas y en que la vocería sobre esos eventos la coordinen los castrenses desde las conferencias matutinas presidenciales con la pasiva complacencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Por otro lado, para mostrar que la creciente militarización ha despertado resistencias y que hay alternativas, el informe destaca, además, las luchas de comunidades que han resistido e impulsado procesos jurídicos contra la militarización de su territorio, como la de los pueblos tsetsales en Chiapas y la de habitantes de Azcapotzalco y Xochimilco contra la imposición de cuarteles de la Guardia Nacional en sus alcaldías.
Finalmente, esta segunda edición presenta 10 propuestas indispensables para empezar a reconstruir los controles civiles externos sobre las Fuerzas Armadas: 1) mantener la actual redacción del artículo 21 constitucional que indica que las corporaciones de seguridad pública, incluyendo a la Guardia Nacional, serán de carácter civil; 2) abrogar o modificar el Acuerdo Presidencial por el que el titular del Ejecutivo dispuso de la Fuerza Armada Permanente para la realización de labores de seguridad pública; 3) restablecer la redacción de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para acotar el papel de las Fuerzas Armadas; 4) diseñar controles civiles sobre el nombramiento del Comandante del Ejército Mexicano; 5) repensar el diseño de los controles internos de la Guardia Nacional, incluyendo el robustecimiento de la Unidad de Asuntos Internos; 6) ampliar el control parlamentario externo que realiza la Comisión Bicameral, incorporando cabalmente indicadores sobre reducción de la violencia y respeto a los derechos humanos; 7) asegurar el cumplimiento pleno de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, publicitando los reportes pormenorizados sobre uso de la fuerza letal a los que se refieren los artículos 32 y 33; 8) continuar limitando los alcances legales y fácticos del fuero militar, con una segunda reforma que incluya entre otras cosas al artículo 37 que hoy permite la apertura de indagatorias paralelas; 9) garantizar que el despliegue de la Guardia Nacional y la Fuerza Armada Permanente priorice las entidades y regiones que realmente tienen los mayores problemas de violencia, y no en lugares donde no es indispensable —como la CDMX— o en temas seleccionados por razones políticas —como la migración—, y 10) reformar a profundidad el Sistema Nacional de Seguridad Pública que requiere revitalizarse tras volverse meramente testimonial este sexenio.
Quien sea que gobierne el país a partir de 2024 encontrará a un Ejército empoderado como nunca antes. La profundidad del proceso de ampliación de potestades y recursos a favor de los castrenses que se ha materializado este sexenio es innegable y preocupante. Por ello, urge comenzar a discutir los controles civiles externos y la supervisión civil extraordinaria que deben diseñarse ante el nuevo papel que ya desempeñan hoy las Fuerzas Armadas en nuestra realidad política nacional.
La segunda edición del Informe #PoderMilitar puede consultarse en la página web del Centro Prodh en este enlace.