El enfoque de derechos humanos que con urgencia se necesita en Guerrero es aquel que asuma a los damnificados como personas con derechos y no como beneficiarios pasivos de la asistencia gubernamental.
El huracán Otis dejó estragos a su paso por Guerrero, particularmente en el Puerto de Acapulco. La gravedad de esta catástrofe obliga a que la atención para las y los miles de damnificados se sitúe en el más alto punto de prioridad de la agenda pública, por encima de otras cuestiones y por encima del adelantado entorno electoral que ya vivimos.
Publicado originalmente el día 31 de octubre del 2023, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
Especialmente es esencial voltear a ver a las áreas periféricas y rurales, que se sitúan más allá de las zonas turísticas, en medio de múltiples privaciones y que requiere, por ello, tanto una robusta presencia del Estado como de la sostenida solidaridad de la sociedad. Urge no olvidar a ese Acapulco en el que surgieron luchas emblemáticas en el pasado reciente para exigir justicia social, como la defensa del río Papagayo en contra del Proyecto Hidroeléctrico La Parota.
Para hacer frente a las terribles secuelas generadas por este fenómeno meteorológico, el enfoque de derechos humanos puede ser útil. Como señaló hace tiempo el Relator sobre el Derecho a la Vivienda de las Organización de las Naciones Unidas: “Los desastres naturales provocan desplazamientos, la pérdida de vivienda y de medios de vida, lo que repercute en el derecho de los pueblos a una vivienda adecuada y sus derechos correspondientes. Algunos desastres naturales recientes y sus secuelas han demostrado la necesidad de integrar las normas de derechos humanos en las medidas de prevención, socorro y rehabilitación. En muchas de estas situaciones, entre las preocupaciones planteadas figuraban la discriminación, la falta de sensibilidad en cuestiones de género, la falta de participación y la corrupción, así como el retraso en la distribución de las ayudas, las indemnizaciones y los trabajos de reconstrucción”.
Por ello, el Comité Permanente Entre Organismos, que coordina el trabajo humanitario que realizan las diversas instancias de la ONU, adoptó las “Directrices operacionales sobre la protección de los derechos humanos en situaciones de desastres naturales”.
Sobre la base del derecho humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, en estas “Directrices” se afirma lo siguiente sobre la asistencia que deben brindar los gobiernos tras un desastre natural: “La experiencia demuestra que simplemente no puede asumirse que la asistencia será una actividad neutral que afecta a todos de modo igual y de forma positiva. La manera en que se suministra, utiliza y adjudica la asistencia, así como el contexto en el que se está brindando la misma, tiene repercusiones importantes en cuanto a si se respetan o no los derechos humanos de las personas afectadas. Un enfoque basado en los derechos humanos proporciona el marco y la normativa necesaria para las actividades de asistencia humanitaria. Sienta las bases para la acción humanitaria en principios universales, como la dignidad humana y la no discriminación, así como un conjunto de derechos humanos universalmente aceptados. Las personas afectadas por los desastres se convierten en sí mismos titulares de derechos individuales y pueden reclamar esos derechos ante los detentores de obligaciones, en vez de simplemente convertirse en meros beneficiarios pasivos de la asistencia” (p. 2).
Este es el enfoque que con urgencia se necesita en Guerrero. Uno en el que las y los damnificados sean asumidos como personas con derechos y no como beneficiarios pasivos de la asistencia gubernamental. Experiencias previas confirman la relevancia de que la voz y las perspectivas de las propias personas y comunidades damnificadas sean escuchadas, como la lucha emprendida por las comunidades de La Montaña que se organizaron en 2013 para visibilizar los impactos de las tormentas Ingrid y Manuel en las zonas más marginadas, con el constante acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
La emergencia climática global es uno de los factores que potenció la capacidad destructiva de Otis. De no atender el llamado de la Casa Común y de no revertir el cambio climático, desastres de esta índole seguirán sucediendo. El clamor de la tierra exige actuar ya.
En suma, un huracán del tamaño de Otis es un desastre natural capaz de rebasar cualquier acción gubernamental de prevención y de atención. Pero las decisiones que se tomen en los días por venir -y probablemente, por mucho tiempo más- para brindar asistencia humanitaria y para garantizar los derechos de la población serán todo menos naturales. Y es que en lo que sigue serán las acciones gubernamentales y no los fenómenos naturales las que determinarán si se priorizan las necesidades de quienes menos tienen, evitando la discriminación de los sectores más marginados y asegurando la participación de las y los afectados; para ello, el enfoque de derechos puede marcar una hoja de ruta útil. Poniendo en el centro la solidaridad con las personas afectadas, hacemos votos para que las labores de asistencia logren paliar los peores efectos de esta catástrofe.