El resultado de las evaluaciones internacionales sobre la persistencia de las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas nos recuerda que las violaciones a derechos humanos no se erradican porque así lo declare un gobierno. Los problemas que ocasiona la falta de Estado de Derecho y los arraigados patrones de abuso no se eliminan por decreto.
En días pasados se dieron a conocer dos evaluaciones internacionales sobre aspectos de la situación de derechos humanos en México, que coinciden ambas en reprobar la atención de nuestro país a temas fundamentales.
Se trata, por un lado, de las Observaciones Preliminares dadas a conocer por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y por otro de las Observaciones Finales sobre la información complementaria que México presentó al Comité contra la Desaparición Forzada (Comité CED). Vale la pena detenerse en ambos documentos.
Publicado originalmente el día 10 de octubre del 2023, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
En sus Observaciones Preliminares, publicadas tras su visita al país durante este mes de septiembre, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria estimó que las detenciones arbitrarias se presentan de manera “generalizada” en el país, en buena medida a consecuencia de la actual política de seguridad. Por ello, llamó la atención sobre la necesidad de garantizar que en el Registro Nacional de Detenciones ingresen todas las privaciones de la libertad que se realicen, incluyendo las detenciones administrativas de migrantes y de personas con discapacidad psicosocial, así como las que realizan el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.
El Grupo también se refirió al preocupante abuso de la prisión preventiva oficiosa, señalando que: “De las aproximadamente 90,000 personas en detención preventiva (denominada “en proceso”) en 2022, alrededor del 50 por ciento están sujetas a detención preventiva oficiosa”.
Por otro lado, el Grupo de Trabajo se refirió a la persistencia del uso excesivo de la fuerza durante las detenciones. Así, señaló que: “A menudo se infligen palizas y torturas para obtener confesiones. Las personas detenidas a veces se ven obligadas a dar información sobre otros presuntos sospechosos o posibles pruebas, y los malos tratos también se utilizan como forma de humillación y castigo”.
También manifestó alarma por el clima adverso contra la judicatura, al destacar que: “le preocupa saber que los miembros del Poder Ejecutivo han presionado a los jueces, particularmente cuando esos jueces han dictaminado que las iniciativas del ejecutivo contravienen la ley”. Del mismo modo, destacó la preocupante situación de las personas migrantes, poniendo como ejemplo que: “Ante el incendio en las instalaciones de Ciudad Juárez en marzo de 2023, en el que murieron 40 personas y muchas resultaron heridas, el Grupo de Trabajo enfatiza que las personas migrantes no deben ser mantenidas a puertas cerradas y deben tener acceso a las áreas al aire libre”.
En cuanto al Comité sobre la Desaparición Forzada, después de que México compareciera ante esta instancia durante tres días y remitiera información escrita, este cuerpo colegiado concluyó que en nuestro país las desapariciones siguen en aumento, sin que hasta ahora se haya adoptado una “Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones”. En ese sentido, lamentó la generalizada impunidad y señaló que “la investigación y persecución penal de la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares continúan sin ser priorizada”, destacando en lo particular “el alarmante número de desapariciones registradas en el Estado parte y la deficiente investigación de tales hechos que tiene como consecuencia un número escaso de sentencias y con ello la continuidad de una impunidad casi absoluta”.
También se refirió a la deficiente coordinación interinstitucional; recomendó “Garantizar el funcionamiento efectivo del Banco Nacional de Datos Forenses y su interoperabilidad con otros bancos de perfiles genéticos existentes en México y en otros países a fin de multiplicar las opciones de cruces de datos genéticos”.
Adicionalmente, sobre el muy criticado proceso de revisión al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Comité reprobó contundentemente la forma en que este ejercicio se está realizando al concluir que: “El proceso de actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que se está llevando a cabo por iniciativa de la Presidencia de la República […] no cumple con los criterios establecidos en el Protocolo Homologado de Búsqueda y en estándares internacionales aplicables a la materia para este tipo de actividad; no es ejecutado por las autoridades competentes en materia de búsqueda sino por otras instancias; no cuenta con una metodología clara y transparente y mecanismos que permitan la participación de los familiares de las personas desaparecidas; y en [su] implementación se han denunciado actos de revictimización, incluyendo señalamientos contra los familiares de ocultar el paradero de sus seres queridos”.
Como se ve, la evaluación de la situación de México por parte de estas dos instancias es crítica; por eso mismo, importa el seguimiento a sus recomendaciones. Siendo así, hay que lamentar el tono de la respuesta del Estado al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, donde las autoridades federales señalaron que “no se coincide en la apreciación del Grupo de Trabajo de que las detenciones arbitrarias se presenten de manera generalizada en el país”. Esta respuesta, lamentable, recuerda a las que se estilaban en los sexenios anteriores, cuando se intentó infructuosamente disputar el diagnóstico internacional con argumentos frágiles.
Y es que cualquiera que analice seriamente las consecuencias del modelo militarizado de seguridad, los impactos de la política migratoria o los sesgos policiales en las detenciones contra población socialmente estigmatizada, podrá concluir fácilmente que en efecto las “detenciones arbitrarias son generalizadas” en México, como lo advirtió el Grupo de Trabajo.
El resultado de estas evaluaciones nos recuerda también que las violaciones a derechos humanos no se erradican porque así lo declare un gobierno. Los problemas que ocasiona la falta de Estado de Derecho y los arraigados patrones de abuso no se eliminan por decreto: hacen falta políticas públicas sostenidas y un constante énfasis en la rendición de cuentas, esfuerzos a los que no abonan los discursos triunfalistas que afirman, contra toda evidencia y contra las recientes evaluaciones internacionales, que en México ya no se violan los derechos humanos.