Ante el desafío del Ejército al ocultar información clave sobre el caso Ayotzinapa, se advierte el riesgo de que en México se institucionalice la mentira.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ha brindado asistencia técnica en el caso Ayotzinapa gracias a una medida cautelar conferida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó la semana pasada su sexto y último informe sobre el caso. Con ello, el Grupo concluye una fecunda labor durante la cual elaboró, en sus diversos informes, una de las más acabadas radiografías disponibles sobre las taras de nuestro sistema de justicia y sobre los mecanismos de impunidad que impiden llegar a la verdad y a la justicia en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
Publicado originalmente el día 2 de agosto del 2023, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
El corazón del informe es sin duda el apartado identificado con el número cinco, que documenta de forma puntual y objetiva cómo el Ejército Mexicano, no sólo en el momento de los hechos sino también en el presente, ha ocultado información clave para la búsqueda de desaparecidos y ha ofrecido respuestas que suponen un obstáculo a la justicia; particularmente ha escondido documentos generados por áreas de inteligencia, entre los que se incluyen transcripciones de llamadas telefónicas realizadas por actores implicados en los hechos. El GIEI muestra claramente que esta reticencia castrense a colaborar con la verdad se ha mantenido hasta el momento actual, incluso después de que se firmara un decreto presidencial e incluso con posterioridad a que, ante el propio grupo, el presidente de la república, en su carácter de comandante supremo, ordenara a los castrenses colaborar plenamente con el esclarecimiento.
Ante esta conducta militar contumaz y desafiante, el GIEI decidió culminar su labor y publicar un último reporte, dando con ello un último servicio generoso y valiente a los padres y las madres de los normalistas. En congruencia, al presentar su informe final en conferencia de prensa, el GIEI advirtió sobre el riesgo de que en México se institucionalice la mentira.
Como puede verse en el registro de la conferencia de prensa, a pregunta expresa sobre la relevancia de los documentos que las Fuerzas Armadas no han entregado y específicamente ante el cuestionamiento sobre si en ellos podría haber información relevante para el esclarecimiento del caso, el GIEI respondió: “Sí creemos que hay información que tiene que ver con el paradero”.
Las organizaciones que desde hace nueve años acompañamos a los padres y a las madres desconocemos el alcance de lo contenido en esos documentos, pero desde luego entendemos lo que en las familias mueve y genera esta afirmación proferida por los especialistas en quienes más han confiado. Por eso secundamos, un día después de la presentación del informe, la digna posición de los padres y las madres en el sentido de que es urgente que el presidente de la república se reúna con ellos para buscar las vías que permitan que esos documentos puedan ser recuperados y analizados. Y es que, siendo tan grave la afirmación del GIEI, de no verificarse el acceso a estos documentos, quedará institucionalizada la mentira.
Precisamente esto es lo que los padres y las madres plantearon, congruentes con la admirable lucha que por amor a sus hijos han impulsado por casi una década, en su última reunión con el gobierno. Reconociendo la labor desempeñada por el subsecretario de Derechos Humanos, los familiares insistieron en que la persistente negativa a colaborar de las Fuerzas Armadas ya sólo podía ser contrarrestada por una clara decisión presidencial.
La respuesta gubernamental inicial no ha sido la esperada. Tanto en las alocuciones presidenciales como en las redes sociales, el gobierno federal ha acusado una supuesta campaña contra las Fuerzas Armadas. Entrar en esta polémica poco ayuda a los padres y a las madres. Lo esencial en todo caso es insistir en que la opacidad militar por razones de Estado no puede ni debe imponerse por encima de la verdad que es debida a las víctimas; menos en un momento en el que, como nunca antes, la militarización sin controles se ha profundizado a pasos agigantados.
El momento es decisivo. Sin duda alguna, las contribuciones del GIEI son muchas y la experiencia ha mostrado que México necesita abrirse más a la asistencia técnica internacional si el país quiere revertir la impunidad endémica. Ahora, es el turno del Estado: teniendo una ruta clara, lo que está en juego es dilucidar si, en la hora definitiva, la administración estará de lado de las víctimas o bien de la impunidad castrense.