El aumento de la violencia en Chiapas ha venido dando la razón al llamado de alarma que hizo, desde 2021, el EZLN, en el sentido de que la entidad se encuentra al borde de un conflicto mayor.
En diversos estados de la República —Michoacán, Colima, Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas— la violencia crece sin que la estrategia de seguridad centralizada y militarizada esté a la altura de las expectativas que se levantaron a inicios del sexenio, en un entorno donde, pese a la persistencia de esta grave situación, toda la atención pública se ha desplazado hacia las adelantadas campañas electorales para la sucesión de 2024.
Publicado originalmente el día 6 de julio del 2023, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
Una de las entidades que enfrenta una crisis severa es sin duda Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, organización hermana del Centro Prodh, viene advirtiendo desde hace tiempo del creciente deterioro.
En su reciente Informe “Chiapas: un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado”, esta relevante organización civil de derechos humanos señala con alarma:
En Chiapas nos encontramos en medio de una diversificación y opacidad de grupos armados que utilizan la violencia para el control social, político, económico y territorial marcada por la continuidad de una estrategia contrainsurgente; así como una impunidad fomentada por actores estatales que abona al despojo, explotación y marginación social. El aumento de esta violencia ha dejado graves violaciones a los derechos humanos, dentro de las que destacan situaciones de desplazamiento forzado masivo e intermitente, desapariciones, despojo de tierras, asesinatos, tortura, entre otras. A este ambiente se le suma también la remilitarización y un comprobado espionaje por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Chiapas. Paralelamente, los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos en general quedan en segundo plano tras catalogar a los proyectos de desarrollo o la construcción de infraestructura militar en los territorios como de seguridad nacional […]
Los hechos recientes confirman que la situación es grave. El aumento de la violencia ha venido dando la razón al llamado de alarma que hizo, desde 2021, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el sentido de que la entidad se encuentra al borde de un conflicto mayor. En este difícil contexto, recientemente la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) alertó sobre nuevos ataques armados en 3 comunidades autónomas zapatistas de la Región Moisés y Gandhi.
Igualmente, la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas ha llamado la atención sobre la descomposición social que está causando la violencia generalizada en municipios como Chicomuselo, Frontera Comalapa, La Trinitaria, Comitán y Las Margaritas, entre otros. En Frontera Comalapa, donde desde hace décadas la Compañía de Jesús tiene una presencia relevante para el servicio de la fe y la promoción de la justicia, la vida se ha vuelto imposible y el número de desplazados sigue aumentando.
En dicha zona fronteriza, no hay que soslayar, la violencia afecta de manera desproporcionada y particular a las personas migrantes que entran a México con el sueño de llegar hasta la frontera norte; anhelo que con frecuencia topa con esa pesadilla que son los abusos perpetrados tanto por los agentes del Estado como por los del crimen organizado, lo que ha sido ha documentado de modo ejemplar por organizaciones valientes que trabajan en la zona, como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, de Tapachula.
Pese a la gravedad de las circunstancias, las autoridades locales chiapanecas, en vez de abocarse a revertir esta violencia generalizada, han enfocado sus recursos en criminalizar defensores de derechos humanos y religiosos que trabajan por la justicia, tal y como lo mostró el caso del sacerdote Marcelo Pérez Pérez.
En este contexto, no puede minimizarse la privación de la libertad de 16 funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Chiapas, presuntamente en respuesta al secuestro de otra persona y en medio de señalamientos directos de colusión a diversos funcionarios locales. Que un grupo de personas armadas pueda privar de la libertad a casi dos decenas de personas durante varios días, muestra la creciente pérdida de control territorial por parte de las autoridades.
Ante estas circunstancias, aunque quizá en el futuro se considere como una anécdota menor, no deja de ser profundamente triste la carencia de empatía con las víctimas del presidente de la república, quien al ser cuestionado sobre el caso en su conferencia matutina contestó con sorna que acusaría “con sus papás y sus abuelos” a los responsables, trivializando una situación realmente delicada, que venturosamente no terminó en tragedia. El episodio es sin duda una muestra más de una de las grandes decepciones del sexenio: la solidaridad que el presidente sabe prodigar a quienes son víctimas de la violencia económica y viven en la pobreza, no la ha sabido extender a quienes son víctimas de la violencia y buscan justicia y verdad.
La situación de Chiapas es grave y puede empeorar en el marco del año electoral que ya inició. Es deseable que las autoridades de los tres niveles de gobierno empiecen a hacer algo al respecto, y que escuchen a los actores locales para ello.