No hay que llamarse al engaño: los actuales ataques contra la SCJN no obedecen al impulso de querer reformar a la justicia en sentido democrático e igualitario. El pueblo empobrecido no se beneficiará de este embate. Por el contrario, esta andanada evidencia el absoluto extravío del partido en el poder en materia de justicia.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estimara que el proceso legislativo que se siguió en la reforma electoral —promovida por la actual administración— había vulnerado la Constitución, han arreciado los ataques verbales contra el máximo tribunal por parte del Presidente de la República, el Partido Morena, sus aliados y simpatizantes.
Publicado originalmente el día 17 de mayo del 2023, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
En este contexto, se ha dicho que la presentación de una reforma judicial orientada a posibilitar la elección popular de las y los ministros de la SCJN será parte de la plataforma electoral del partido en el poder en 2024, de suerte que éste buscará alcanzar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, necesaria para impulsar esa propuesta.
Más allá de las consideraciones que se puedan tener sobre la reforma electoral, el abierto ataque contra la SCJN muestra el profundo y lamentable extravío del gobierno por cuanto hace a la justicia.
Y es que, aunque en 2018 Morena llegó al poder con la promesa —entre otras— de acabar con los vicios del sistema de justicia que lastiman especialmente a los más desposeídos y marginados, esta administración está concluyendo el sexenio dirigiendo sus energías en contra de un tribunal que, como órgano de control constitucional, en realidad ni siquiera llega a conocer las cuestiones que más afligen a la población empobrecida.
Sin duda la Corte tiene numerosos aspectos que mejorar, pero no es ahí donde se prodiga la impunidad que más lastima al pueblo de México. Ésta proviene sobre todo de la Fiscalía General de la República (FGR), incapaz de desarticular las redes criminales que hoy controlan vastos territorios del país; de las Fiscalías locales, que siguen procurando injusticia sin que nada cambie, al no existir un liderazgo nacional que las saque de su marasmo e, incluso, de los poderes judiciales locales, demasiado subordinados a la autoridad de los gobernadores por toda la República. Es acudiendo a esas instancias, mucho más próximas a la realidad de todos los días, donde la mayor parte de los mexicanos y las mexicanas conocen el rostro verdadero de la justicia, que en nuestro país nunca es amable.
El caso de la FGR y de la incapacidad de esta modificación para transformarla con visión de futuro es, en este sentido, tristemente paradigmático. Aunque hubo las posibilidades para impulsar un cambio sustantivo en esta maltrecha institución, que sirviera además para ser referencia ejemplar para las procuradurías locales, el partido en el poder optó por entregar la institución a un liderazgo caracterizado por sus recurrentes conflictos de interés y por su añoranza del pasado autoritario en justicia penal. El resultado es que la institución no se ha renovado; por el contrario, retrocedió en su ley orgánica, al tiempo que se consintió que funcionarios del pasado se reciclaran y permanecieran en sus posiciones. El desastre que es hoy la FGR no es una herencia del pasado, sino en buena medida consecuencia de las decisiones políticas de este gobierno.
No hay que llamarse al engaño: los actuales ataques contra la SCJN no obedecen al impulso de querer reformar a la justicia en sentido democrático e igualitario. El pueblo empobrecido no se beneficiará de este embate. Por el contrario, esta andanada evidencia el absoluto extravío del partido en el poder en materia de justicia. Al no lograr el cambio de fondo en esta materia y consentir la continuidad de la impunidad, la mayoría en el poder ha decidido lanzarse contra la SCJN por los fallos en que ésta ha concluido que piezas legislativas aprobadas por aquélla son inconstitucionales.
Los resultados adversos a la agenda legislativa de Morena son consecuencia tanto del desdén presidencial por el Estado de Derecho como del desaseo de sus legisladores, que imponen hoy los modos que ayer criticaron, y de la abyección de asesores jurídicos que, a sabiendas de que estas reformas son técnicamente deficientes, optan por callar para congraciarse con el poder.
La SCJN no es responsable de estas falencias, pero se le señala como si lo fuera. Con ello claramente lo que se busca es manipular a la opinión pública con la pretensión de que en 2024 el hartazgo con la impunidad, que sigue presente, se exprese en respaldo a las propuestas que el partido en el poder presentará para socavar a la Corte, bajo el disfraz de que se le quiere reformar democráticamente, incluso con disparates como la elección popular de los ministros y ministras. La pretensión, sin duda alguna, es menguar la independencia de la Corte, aunque eso en nada beneficie a los más desposeídos.
Por eso, preocupa que gobernadores y gobernadores, legisladoras y legisladores, así como todas y todos los aspirantes presidenciales del partido gobernante, secunden esta posición de tintes autoritarios. Frente a esta deriva, es imprescindible seguir recordando que la persistente deuda de justicia que afecta a las y los mexicanos más pobres es más de fiscalías que de poderes judiciales.
Es necesario, también, señalar con toda claridad aquellas plataformas electorales que signifiquen riesgos para los derechos humanos, como hoy ocurre con quienes buscan llegar a la presidencia socavando al poder judicial y profundizando la militarización, por un lado, o proponiendo soluciones absurdas como la pena de muerte, por el otro. Esas no son las propuestas que nos permitirán reconstruir un México con dignidad y justicia para todas y todos.