Las desapariciones son una herida del presente, hoy también causada por estrategia fallida de seguridad militarizada de esta administración y por los altos niveles de impunidad que prodiga la actual Fiscalía y sus pares estatales.
“Diez de Mayo, nada que celebrar”, es una de las consignas que con dureza y dignidad expresan las madres que buscan a más de 112 mil personas desaparecidas en México. Este año, por décima segunda ocasión, se llevó a cabo la Marcha de la Dignidad Nacional. Además de la movilización en la Ciudad de México, en al menos 15 entidades del país se replicó la marcha.
Publicado originalmente el día 11 de mayo del 2023, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
Miles de mujeres acompañadas por sus familias salieron de sus hogares cargando lonas y carteles o portando playeras, rebozos o gorras con los rostros de los suyos, para exigir búsqueda, investigación y memoria respecto de quienes no han vuelto a casa.
En esta ocasión, además, se sumó una dolorosa demanda: verdad y justicia por todas aquellas buscadoras que han sido asesinadas únicamente por llevar a cabo una digna labor que debería estar a cargo del Estado.
Como lo expresó Doña María Herrera Magdaleno, madre de cuatro hijos desaparecidos, durante su intervención en el Ángel de la Independencia: “No queremos pasar un año más marchando y alzando la voz por nuestros hijos que no están presentes (…) Nosotras las madres no tenemos nada que celebrar, nos han arrebatado lo más sagrado que son nuestros hijos, pero vamos a seguir de pie, porque es más nuestra fuerza que el miedo. ¿Dónde están nuestras compañeras buscadoras asesinadas en este sexenio? Queremos saber qué está haciendo el presidente para protegernos. Porque estamos haciendo un trabajo que a las autoridades les corresponde”.
No hay un registro exacto de cuántas personas han sido asesinadas por el sólo hecho de ejercer su derecho a buscar a sus familiares. Gracias a la exigencia y a la labor de los colectivos, que han buscado nombrar a cada una de ellas, sabemos que desde 2010 al menos a 18 personas les han arrebatado la vida, 8 de ellas en este sexenio: Aranza Ramos, Javier Barajas, Gladys Ramos, Ana Luisa Garduño, Rosario Rodríguez, Blanca Esmeralda Gallardo, María del Carmen Vázquez, y apenas este 2 de mayo, Teresa Magueyal.
Esta terrible realidad visibiliza no sólo la incapacidad de las instituciones del Estado mexicano que no se están haciendo cargo de buscar de forma diligente e integral, a nivel federal y, sobre todo, local; además, muestra que no se han tomado acciones para garantizar la seguridad y la protección de las familias que toman con sus propias manos la labor de búsqueda.
Por ello, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), tras el asesinato de Teresa Magueyal, llamó a las autoridades a brindar medidas inmediatas de protección a todas las personas que buscan a sus seres queridos en México.
La crisis de desapariciones no se ha revertido. Tampoco se diluye diciendo que las desapariciones son una “herencia del pasado”, como se ha argumentado en innumerables ocasiones desde la tribuna presidencial. Las desapariciones son una herida del presente, hoy también causada por estrategia fallida de seguridad militarizada de esta administración y por los altos niveles de impunidad que prodiga la actual Fiscalía y sus pares estatales. Ni por los casos de desaparición, ni por los asesinatos de las buscadoras hay sanciones para los perpetradores en nuestro adolorido país.
Es necesario que, en lugar de presentar balances excesivamente optimistas para apuntalar el proyecto político encabezado por el Presidente de la República, se reconozca más bien que el estado de cosas en este ámbito sigue siendo crítico y que se tomen medidas urgentes. Este sexenio concluirá, a este paso, con más desapariciones que los dos precedentes.
Es urgente que la Fiscalía General de la República (FGR) salga de su negligente letargo y asuma su obligación de crear y operar el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), con liderazgo nacional, herramienta que contribuirá a garantizar combatir el rezago forense que hay en el país, en donde hoy se registran más de 52 mil cuerpos sin identificar.
Del mismo modo, es imprescindible que en vez de gastar tiempo y energía en descalificaciones erróneas e injustas contra las instituciones internacionales de derechos humanos, se tomen en cuenta las recomendaciones de los organismos como el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, sobre todo la relativa a generar una Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones, en la que concurran todos los órdenes de gobierno.
Como se ha recordado este 10 de Mayo, hoy son las mismas madres las que adoptan sus medidas de autocuidado en la búsqueda; las que han conformado colectivos; las que han acudido a organizaciones civiles y a distintos organismos internacionales en su búsqueda de una justicia, que no ha sido garantizada por el Estado.
Ante el visible aumento de las familias que buscan a los suyos —lo que fue evidente en esta última marcha— más personas debemos sumarnos a su digno reclamo.
Doña Mari lo resumió en su intervención: “Hemos unificado el dolor, nos hemos abrazado de tal manera para darnos la fuerza que necesitamos para seguir buscando y agradecemos a las personas que sin perder a un familiar, están ayudando y esperamos que jamás tengan que pasar por este dolor”.
Ante un Estado indolente, ha sido la resistencia, la resiliencia, la esperanza, la organización y la articulación de las propias madres lo que mantiene viva la esperanza; por eso, sin duda, ellas seguirán año con año sacudiendo al país hasta encontrarles a todas, hasta encontrarles a todos.