El Informe realiza, en siete secciones bien estructuradas, un balance objetivo y documentado sobre la grave situación que impera en el país. La evaluación es veraz y coincide con lo que han señalado otras instancias internacionales como el Alto Comisionado de la Oficina de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, voces también descalificadas en su momento.
“No tienen razón los países que se sienten invadidos porque otros países les reclamen el cumplimiento de los derechos humanos”, escribió en 1978 Ignacio Ellacuría, jesuita mártir de El Salvador. La cita viene a cuento a raíz de la polémica que ha generado el más reciente Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Este tipo de informes se realizan desde hace casi 50 años para las y los legisladores de los Estados Unidos, que deciden a qué países brindan fondos, como se brindan a México. Los reportes han evolucionado y hoy son una fuente fidedigna de información: este año, se incluyen 198 países de seis regiones.
Publicado originalmente el día 28 de marzo del 2023, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
Su publicación nunca ha estado exenta de polémica. Amnistía Internacional ha criticado que se analice de forma excesivamente benevolente a algunos países aliados de Estados Unidos o que se soslaye el impacto en otros países de la política migratoria norteamericana.
México nunca ha recibido con beneplácito estas evaluaciones. En 2015, la cancillería rechazó en un boletín el respectivo informe anual, considerándolo un “ejercicio unilateral”. Pero la respuesta que atestiguamos en días pasados difiere de los antecedentes. Ha provenido directamente del Presidente de la República, lo que este año sólo ha ocurrido en países como Bangladesh o la República de Georgia. El Presidente sostuvo, además, que se trata de un informe “mentiroso”, elaborado por un “departamentito” y que se trata de un “bodrio”.
Nadie que se preocupe por la situación de los derechos humanos en México puede acompañar esta descalificación. El Informe realiza, en siete secciones bien estructuradas, un balance objetivo y documentado sobre la grave situación que impera en el país. La evaluación es veraz y coincide con lo que han señalado otras instancias internacionales como el Alto Comisionado de la Oficina de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, voces también descalificadas en su momento.
Veamos. El Informe señala que la Guardia Nacional “es una institución mayoritariamente militar” y afirma: “Hubo casos en que elementos de las fuerzas de seguridad actuaron independientemente del control civil” y “miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos». También añade que: “Entre los problemas significativos de derechos humanos se incluyeron denuncias creíbles de homicidios ilegítimos o arbitrarios a manos de policías, militares y otros funcionarios del gobierno; desapariciones forzadas a manos de agentes del gobierno; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a manos de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia contra los periodistas; graves actos de corrupción gubernamental; investigación insuficiente y responsabilidad por la violencia de género, incluida la violencia doméstica o de pareja íntima; delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales, y delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra personas con discapacidad”.
El reporte refiere, además, que: “La impunidad y los índices extremadamente bajos de procesamiento siguen siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos y la corrupción. Hubo denuncias de que algunos agentes del gobierno eran cómplices de bandas delictivas internacionales«. Adicionalmente, destaca que: “elementos delictivos, incluidas las bandas locales y transnacionales y los narcotraficantes, fueron autores importantes de delitos violentos”.
Nada de esto es mentira, ésta es la realidad del país. Casos como el de los padres jesuitas de Cerocahui confirman que es así: el Estado, que ya había fallado en la obligación de proteger las vidas de las víctimas, fracasó de nuevo en su deber de procurar justicia pues con el asesinato del perpetrador se impuso la lógica de retaliación del crimen organizado y no la del Estado de Derecho, como bien señaló la Compañía de Jesús. El Rector de la Universidad Iberoamericana, Luis Arriaga Valenzuela SJ, precisó con contundencia lo que se necesita es justicia, no ajusticiamiento. Dado que lo mismo ocurrió semanas antes en Matamoros, Tamaulipas, con el caso de las víctimas estadounidenses, es indispensable aquilatar el fracaso civilizatorio que supone que las autoridades pretendan presentar como resultado exitoso de su actuar la propia violencia del narcotráfico.
En vez de minimizar la realidad equiparando el reporte a las declaraciones burdas de algunos legisladores republicanos, deberíamos atender en serio la emergencia humanitaria que describe este informe. Eso es lo esencial. Atacar al mensajero, como ocurre ahora con el Departamento de Estado norteamericano y antes con instancias que coinciden en el mismo diagnóstico como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la injustamente vilipendiada Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no acabará con el mensaje. Y cuando en unos meses ya no marquen el debate público los dichos presidenciales en la conferencia matutina, esa realidad de violencia seguirá con nosotras y nosotros.
Por ello, vale la pena recordar siempre que en derechos humanos, como sugirió Ellacuría, nunca tendrán razón quienes se sienten invadidos cuando, desde el exterior, se hacen señalamientos fundamentados sobre realidades intolerables, contrarias al respeto de la dignidad humana.