La amplia y global investigación sobre el uso ilegal de Pegasus para espiar civiles confirma que las Fuerzas Armadas están obteniendo en los hechos, durante este sexenio, lo que antes no pudieron obtener con la anulada Ley de Seguridad Interior.
La Red de Derechos Digitales (R3D), acompañada por Social Tic y Artículo 19 México, ha presentado una nueva investigación que prueba de forma fehaciente el uso ilegal del software de espionaje Pegasus por parte del Ejército mexicano, durante este sexenio. Este trabajo, que muestra técnicamente cómo esta tecnología fue usada en contra de un defensor de derechos humanos para acceder a sus comunicaciones privadas, ha sido ampliada en sólidas investigaciones periodísticas publicadas en Aristegui Noticias, Proceso y Animal Político, así como por medios internacionales como el New York Times.
Como es sabido, desde 2017 se documentó y denunció el uso del software Pegasus en contra de activistas, defensores de derechos humanos —entre ellos a integrantes del Centro Prodh—, políticos de oposición y periodistas durante el sexenio de Peña Nieto. En esos años se pudo acreditar que diversas instancias del Estado mexicano habían adquirido esa tecnología; también se acreditó, gracias a los análisis periciales de Citizen Lab de la Escuela Munk de la Universidad de Toronto, que los teléfonos de varias personas habían sido vulnerados. Y aunque en ese mismo sexenio se presentaron las denuncias correspondientes ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la impunidad prevaleció.
Publicado originalmente el día 14 de marzo del 2023, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
Con la elección de 2018 surgió la expectativa de que estos hechos fueran esclarecidos y, sobre todo, de que el espionaje ilegal en contra de adversarios políticos y líderes cívicos cesara. Esto, por cierto, había sido una promesa explícita en la campaña de Andrés Manuel López Obrador.
Pero en este, como en otros temas, la expectativa ciudadana fue defraudada. La impunidad continuó y, lo que es más grave, pronto se empezó a recabar evidencia sobre el uso de Pegasus en esta misma administración. La R3D y las y los periodistas que por más de un lustro han seguido el caso encontraron documentos que indicaban la adquisición en fecha reciente de esta tecnología por parte del Ejército Mexicano. También se documentó el empleo de Pegasus en contra del periodista Ricardo Raphael, en contra del equipo de Animal Político y del defensor de derechos humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos. También se documentaron casos en los equipos de personas adscritas al Instituto Federal de la Defensoría Pública Federal.
Respecto de estos antecedentes, la última publicación va incluso un paso más allá. A partir de documentos encontrados entre las filtraciones dadas a conocer por “Guacamaya Leaks”, ha sido posible demostrar como hechos objetivos e indubitables al menos cuatro cuestiones de enorme trascendencia:
1) que elementos de inteligencia del Ejército Mexicano generaron un producto documental de inteligencia en el que, entre otras cosas, reportan el contenido de las comunicaciones privadas de un defensor de derechos humanos con diversos periodistas, referentes a graves violaciones a derechos humanos, comunicaciones a las que sólo habrían podido acceder de modo ilegal;
2) que ese producto de inteligencia fue preparado para una reunión sobre la situación de Nuevo Laredo en la que estuvo presente el Alto Mando del Ejército;
3) que ese trabajo de espionaje fue realizado por elementos del Centro Militar de Investigación (C.M.I.), y
4) que el C.M.I. se encuentra entre los operadores finales de los equipos y la tecnología adquirida por una de las empresas intermediarias que cuenta con autorización para comercializar Pegasus en México.
La evidencia, como se ve, es contundente. En la amplia y global investigación sobre Pegasus nunca había aparecido un documento que, como producto de inteligencia generada para los mandos militares, se nutriera del espionaje ilegal de manera tan evidente. El propio involucramiento del C.M.I. es preocupante y llamativo: se trata de una estructura castrense que, sin estar prevista en la ley ni rendir cuentas a ningún control civil, parece estar abocada a concretar lo que el estamento militar buscó infructuosamente cuando presionó para que la anulada Ley de Seguridad Interior les facultara, en su artículo 30, para realizar “actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior”. En este sentido, lo documentado confirma que las Fuerzas Armadas están obteniendo en los hechos durante este sexenio lo que antes no pudieron obtener en la ley.
Frente a la innegable realidad de que el Ejército usa Pegasus ilegalmente en este sexenio, la respuesta gubernamental tendría que comprometer una investigación exhaustiva por autoridades civiles. Eso es lo que se esperaría de un gobierno que prometió acabar con el espionaje, revertir la impunidad, frenar la corrupción y revisar el paradigma militarista de la seguridad. Pero así como estas promesas fueron dejadas de lado, también la posibilidad de iniciar una indagatoria seria parece estar siendo dejada de lado por el actual gobierno.
En un ejercicio ejemplar y digno de lo que tendría que ser la prensa independiente, la periodista Nayeli Roldán, de esta misma casa editorial [Animal Político]—con la que nos solidarizamos de nuevo, ante los recientes ataques—, preguntó con temple y serenidad al Presidente de la República sobre este tema, quien dedicó una larga alocución de casi media ahora a descalificar a Citizen Lab por pertenecer a una “universidad extranjera”, a las organizaciones y periodistas que publicaron la historia por estar “en contra” de su gobierno, a calificar la investigación de “un invento”, e incluso a sugerir que el ilegal espionaje contra Raymundo Ramos podría estar justificado como una actividad “de inteligencia”. Una respuesta realmente lamentable dada la gravedad de la denuncia.
Esta respuesta, desde luego, no resuelve ni finiquita el tema. Las investigaciones independientes continuarán y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pese al incondicional respaldo presidencial, deberá rendir cuentas ahora o más adelante, en este y otros temas. Esto es, sin duda, esencial puesto que estamos ya en la recta final del sexenio; el titular del Ejecutivo concluirá su período como mandatario, y lo que quedará en este ámbito son unas Fuerzas Armadas más empoderadas que nunca, que no le rinden cuentas nadie y que, con su nuevo protagonismo, deben considerarse ya un factor de poder riesgoso para la consolidación democrática de México.
La marcha del domingo 12 de marzo, en la Ciudad de México y otras partes del país es expresión de esta realidad, pues militares en el activo y en retiro salieron a las calles para ocupar el espacio público protestando contra la todavía incipiente y mínima acción de la justicia en casos de violaciones a derechos humanos; demandando que se restablezca el fuero militar y exigiendo una impunidad inaceptable. Una manifestación impensable en México hace algunos años y de la que aún hace falta que el General Secretario de la Sedena se deslinde explícita y públicamente.
En un contexto en el que la militarización se ha profundizado, las nuevas revelaciones sobre el uso de Pegasus son extremadamente graves y no deben soslayarse. Las exigencias de la investigación #EjércitoEspía tienen que atenderse.