Las Fuerzas Armadas anuncian con la máxima visibilidad pública un cambio que se presenta como de la mayor trascendencia, para meses después relevar al funcionario sin explicar los motivos de la remoción a ninguna instancia civil.
La autonomía fáctica del Ejército continúa incrementándose. El reciente relevo en la comandancia de esta Fuerza Armada, cuyo titular fue nombrado hace menos de un año, da cuenta de ello.
El pasado 13 de agosto de 2021 en Campo Marte, durante una ceremonia a la que concurrieron junto con el presidente de la República, representantes de todos los poderes y los medios de comunicación, se realizó el pase de revista de entrada de la Comandancia del Ejército Mexicano. En ese evento tomó protesta para el desempeño de ese alto cargo el general Eutimio Ibarra.
Publicado originalmente el día 04 de agosto de 2022, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
La creación de ese puesto de mando se presentó, en su momento, como la modificación más trascendente en la historia reciente del Ejército mexicano. En su intervención, el Secretario de la Defensa Nacional recalcó que se trataba de un cambio muy relevante.
Poco importó que ese nivel de responsabilidad no existiera en la ley. Como en su momento denunció oportunamente el Centro Prodh, la ceremonia pública precedió a la modificación de la normatividad. Fue hasta el 19 de noviembre de 2021 cuando el Ejecutivo presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La iniciativa se aprobó en el Senado con 78 votos a favor y 20 en contra, el 14 de diciembre de 2021. En la Cámara de Diputados, por unanimidad de 482 votos, el 15 de febrero de 2022.
Según se dijo en su momento, la existencia de esta figura permitiría un funcionamiento más eficaz, al delimitarse más las funciones de la secretaría como entidad de la administración pública federal, respecto de la dirección estratégica del Ejército como fuerza armada, cuestión esta última que correspondería a la nueva comandancia. La creación de un nuevo nivel de responsabilidad, situado entre el secretario de la Defensa y los mandos territoriales, se planteó como la modificación estructural más innovadora y relevante en la reciente historia castrense.
Pero, según se reportó a inicios del pasado mes de julio de este 2022, tan sólo 11 meses después de la ceremonia, el comandante del Ejército fue sustituido por el general Celestino Ávila Astudillo. El relevo se dio en una ceremonia privada, sin que en esta ocasión fuesen convocados otros poderes y sin que los medios de comunicación pudiesen dar cuenta del evento.
¿Qué pasó en once meses para que fuera relevado el comandante del Ejército? ¿Por qué no se permitió al general saliente continuar en el cargo? ¿Se sometió a algún control civil la designación del nuevo comandante del Ejército, que tendrá a su cargo nada menos que fungir como comandante de esta fuerza armada?
Estos cuestionamientos, desde luego lícitos y legítimos en cualquier democracia, carecen de respuesta en México.
La creciente autonomía fáctica que hoy gozan las Fuerzas Armadas permite al sector castrense anunciar con la máxima visibilidad pública un cambio que se presenta como de la mayor trascendencia, para luego, tan sólo unos meses después, relevar al funcionario a quien se encargó encabezar esa transición, sin siquiera tener que explicar los motivos de la remoción o los méritos de la designación a ninguna instancia civil.
En menos de un año, por sí y ante sí, los propios castrenses crearon un nuevo nivel de alto mando para encabezar al Ejército en tanto Fuerza Armada y designaron a quien echaría a andar esta tarea, para meses después relevarlo; todo con mínimo o nulo escrutinio civil.
Sin duda, estamos ante otra muestra de la creciente autonomía fáctica del Ejército. En un contexto de profundización de la militarización como el que vivimos, eventos como este ponen de relieve que, en ausencia de controles civiles robustos sobre las Fuerzas Armadas, éstas propenden al autogobierno sin contrapesos, que en el mejor de los casos sólo se atemperará discursivamente enfatizando la retórica sobre la subordinación al presidente de la República en tanto Comandante Supremo.
Como señalamos en nuestro informe “Poder Militar”, esta tendencia -que data de lustros y que se ha agudizado en el presente sexenio- genera riesgos sobre los derechos humanos, sobre la democracia y sobre las relaciones cívico–militares. Es deseable, por ello, que ante este panorama cumplan cabalmente su función contrapesos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, activándose para analizar y revisar a fondo las reformas y los actos jurídicos que en los últimos años han acompañado la profundización de la militarización en que nos encontramos.