En el sexto informe de seguimiento de las recomendaciones formuladas a México, el organismo subraya que no se ha logrado garantizar la erradicación de la violencia contra las mujeres; la protección de personas defensoras y periodistas, y la protección integral y atención a las víctimas.
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su Informe Anual 2021, el cual incluye un capítulo con el sexto informe de seguimiento de las recomendaciones formuladas a México después de su visita de 2015, misma que constituyó un hito en la supervisión internacional pues ahí se acreditó la crisis de derechos humanos vivida por el país. En el informe de este año, la Comisión concluye que la crisis no ha sido revertida.
Publicado originalmente el día 8 de junio de 2022, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
En lo general, el organismo internacional remarca la preocupación de la situación de violencia que lastima al país, reflejada en los elevados números de homicidios —seguimos con años de más de 55,000 personas asesinadas— y en las más de 100 mil personas desaparecidas; en específico, subraya que no se ha logrado garantizar la “erradicación de la violencia contra las mujeres, así como la protección de personas defensoras y periodistas, y la protección integral y atención a las víctimas” (p. 1177).
La CIDH dedica especial atención en el tema de desapariciones forzadas. Si bien reconoce avances en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, señala con claridad que hay pendientes preocupantes en el cumplimiento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, incluyendo la puesta en marcha del Banco Nacional de Datos Forenses. Además, en coincidencia con las recomendaciones realizadas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, (CED por sus siglas en inglés), la CIDH indica que el Estado no ha creado una política clara de prevención y erradicación de esta problemática.
En este sentido, hace un llamado urgente para adoptar medidas de protección de víctimas y familiares de personas desaparecidas. En especial, expresó su repudió el asesinato del buscador Javier Barajas, en Guanajuato, el desplazamiento forzado de su familia, recientemente reconocida por Front Line Defenders, y las amenazas contra integrantes de colectivos en la entidad y en el país.
En cuanto a la seguridad ciudadana, la CIDH expresa alarma por la profundización de la militarización y advierte la inexistencia de un plan para avanzar simultáneamente en el retiro de las Fuerzas Armadas y en el fortalecimiento de las policías locales. La Comisión también nota que, aunque normativamente la Guardia Nacional es un órgano civil, en su operación está conformado por personal y estructura militar, como lo hemos analizado a detalle en el informe “Poder Militar” del Centro Prodh.
Aunado a ello, la Comisión señala problemas de transparencia en la elaboración de informes pormenorizados sobre el Uso de la Fuerza y da cuenta de la falta de información relacionada con la apertura de investigaciones en materia de ejecuciones extrajudiciales. En este sentido, el órgano regional de derechos humanos destaca que es inaplazable la creación de un observatorio independiente sobre el uso de la fuerza, como el ordenado por la Corte IDH en la sentencia dictada dentro del caso de Mujeres de Atenco.
En cuanto a garantizar libertad de expresión, la CIDH no sólo reiteró su preocupación por los altos números de periodistas asesinados, sino que se consternó por los nuevos hallazgos de la utilización del software Pegasus con fines de espionaje a periodistas, defensoras y defensores que investigan temas de corrupción y graves violaciones a derechos humanos. Además, expresa su preocupación por la intensificación del contexto hostil para el ejercicio de periodismo que generan los señalamientos estigmatizantes que provienen de las más altas esferas gubernamentales.
El informe contiene, también, detallados análisis sobre la continuidad de la violencia de género y reivindica la legitimidad de las expresiones de protesta que impulsan las mujeres en nuestro país. La CIDH también ahonda en los riesgos que sobre los derechos indígenas y el medio ambiente generan grandes proyectos de desarrollo como el llamado Tren Maya.
Los puntuales señalamientos de la CIDH reflejan que los pendientes en materia de derechos humanos no sólo son una herencia del pasado, sino una deuda del presente; más aún: en diversos rubros siguen inalteradas las inercias que impiden avanzar en la garantía de los derechos humanos y en otros, en realidad, se advierten retrocesos. Como sigue señalando la CIDH: “El reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su reconocimiento a los derechos humanos con la realidad que experimentan un gran número de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva”. Eso, no ha cambiado.
Un aspecto en extremo preocupante que surge del informe es que la Fiscalía General de la República no proporcionó información. Esta ausencia muestra dos de las principales deficiencias de la actual administración federal. Primero, la falta de coordinación; las desavenencias y conflictos internos están llegando al punto de que no se recabe la información necesaria para rendir cuentas a las instancias internacionales de derechos humanos, lo que constatamos, también, en los recurrentes rezagos en el procesamiento de los casos que se ventilan ante el Sistema Interamericano. Segundo, la forma en que la nueva autonomía de la Fiscalía General de la República no se está usando para blindar a las investigaciones penales de la indebida interferencia de los factores de poder ni para diseñar una política criminal técnica y sostenible, sino ante todo para generar espacios de discrecionalidad administrativa y ausencia de rendición de cuentas. La Fiscalía General de la República, ni siquiera remitió información para la respuesta del Estado, según refiere la CIDH, en sus conclusiones finales. Claramente, esto no era lo que se buscaba cuando la sociedad demandó que hubiera una fiscalía autónoma.
Hace unos días, falleció Antonio Cançado Trinidade, jurista que a lo largo de su vida y sobre todo en su paso como Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contribuyó notablemente al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Para Cançado, cuyo legado ha sido recordado en toda la región, en estas normas se expresaba paulatinamente la “conciencia jurídica universal”. El informe reciente de la CIDH viene a recordar que aún estamos lejos de que estos derechos sean una realidad para todas y todos y que la ruta para cerrar esa brecha requiere algo más que retórica.