Siguen desapareciendo

La imagen de Debanhi sola, en medio de la noche, ha removido las mentes y los corazones de un país que pareciera indiferente a los homicidios y las desapariciones que arrasan con la juventud desde hace al menos tres lustros.

En medio de la tragedia que significa la desaparición de la joven neolonesa, que algo se haya removido en nuestra adormecida sociedad apunta a que no todo está perdido; muestra que cuando las víctimas de la violencia adquieren rostro e historia se estremece ese resto de empatía que puede servir como base para la reconstrucción de nuestro México roto.

Para hacer justicia a la memoria de Debanhi y de tantas mujeres jóvenes que como ella han sido arrebatadas de sus seres queridos es indispensable cambiar la política de seguridad, depurar a las fiscalías e invertir en ellas y buscar a las personas desaparecidas con lógica de Estado.

Cambiar la política de seguridad, porque la apuesta centralista y militarizada que ha imperado con el nuevo protagonismo castrense no está revirtiendo la violencia con la celeridad requerida.

Depurar a las fiscalías e invertir en ellas porque son el eslabón crucial de la cadena de impunidad que es el sistema de justicia en México. Es en las fiscalías donde se requiere una intervención mucho mayor y es ahí donde se debe impulsar un cambio profundo, lo cual sólo ocurrirá con un liderazgo federal sostenido en este ámbito, lo que hoy es inexistente.

Y buscar a las personas desaparecidas con lógica de Estado, porque en este país las fiscalías no se coordinan con las comisiones de búsqueda; los estados no lo hacen con la federación, y las mejores iniciativas, a menudo, no pasan de ser buenos esfuerzos personales que no son arropados institucionalmente, como lo evidencian los escasos recursos públicos que se dedican a las comisiones de búsqueda o el abierto incumplimiento de obligaciones legales, como la establecida desde 2017, respecto de la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses.

En estas tres cuestiones —replantear la política de seguridad, focalizar la atención en las fiscalías, y buscar a las y los desaparecidos en lógica de Estado— el reciente Informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ofrece pistas y propuestas que recogen los más altos estándares internacionales. Casos como el de Debanhi nos recuerdan, una vez más, la importancia de que las autoridades de más alto nivel, empezando por el Presidente de la República, se abstengan de descalificar este aporte y más bien actúen a la altura de las circunstancias, convocando al diseño de la Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones, que el Comité de la ONU propuso.

Hay que decirlo con claridad: en México siguen ocurriendo violaciones a derechos humanos diariamente; la impunidad no es la excepción, sino la regla, y las desapariciones siguen sin ser contenidas: en breve llegaremos a las 100,000 personas desaparecidas en el país, casi 30,000 han ocurrido en este sexenio, según los registros oficiales. Las desapariciones no son una herencia del pasado, sino una herida del presente. Negar esta realidad, aduciendo un cambio que no ha llegado, es tan nocivo como utilizarla políticamente sin poner en el centro a las víctimas.

México debe reconocer la continuidad de la crisis de violencia y desarrollar políticas públicas de alcance nacional para hacer frente a la epidemia de desapariciones. Para generar cambios, la indignación que ha despertado el caso de Debanhi puede encontrar en el informe del Comité CED diagnósticos y rutas de incidencia concretas.

Así como la imagen de Debanhi ha estrujado a México, miles de jóvenes esperan, en esa oscura noche de violencia en que se ha convertido el país, que prevalezcan la vida, la justicia y la verdad sobre la muerte, la impunidad y la mentira. No les dejemos solas ni solos en la oscuridad.