La militarización de la política de seguridad, un proceso que lleva varias décadas y que se intensificó a partir del sexenio calderonista, ha traído incontables víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Aunque la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República hizo que se levantaran expectativas sobre un cambio de rumbo, lo que ha acontecido en estos tres años va en sentido contrario a esa esperanza.
Y es que el andamiaje jurídico levantado por el actual Gobierno Federal va mucho más allá de lo que las propias Fuerzas Armadas habían demandado en sexenios anteriores.
La aceptación de la SCJN a la intervención militar en seguridad al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 1/96 en el sexenio de Zedillo, la entrega de la PGR a un militar en activo y la amnistía de facto por la Guerra Sucia al Ejército en el sexenio foxista, la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional en el sexenio de Felipe Calderón y la Ley de Seguridad Interior en el gobierno peñista, son antecedentes de un proceso que se ha profundizado.
El anuncio de la creación de la Guardia Nacional fue el primer paso. Aunque en el papel quedó establecida como una corporación civil, una serie de leyes y su propia conformación hicieron que esta característica quedara diluida para convertirse, de facto, en un cuerpo castrense. Otra batería de normas aseguró que la Sedena y la Semar pudieran intervenir de manera prácticamente ilimitada no solamente en la seguridad pública, sino en diversos aspectos de la vida pública sin que en todos los casos exista justificación.
Estas disposiciones son claramente violatorias de la Constitución y de normas y sentencias internacionales vinculantes, y dan al sector castrense libertad para actuar prácticamente sin controles civiles. Por si esto no bastara, se ha anunciado una reforma adicional que entregue por completo la Guardia Nacional a la Sedena, legalizando lo que hoy ocurre en los hechos.
Ante ello, diversas voces hemos destacado los impactos nocivos que puede ocasionar esta inesperada profundización de la militarización desde al menos tres perspectivas: el posible aumento de las violaciones a derechos humanos, su inefectividad como política pública para reducir la violencia, y la alteración de los delicados balances democráticos en la relación cívico militar.
Por eso, hemos interpuesto diversos recursos, en cuya resolución el Poder Judicial de la Federación puede actuar como contrapeso para garantizar el respeto a los derechos humanos. Lamentablemente, el análisis de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza por parte de la SCJN y el intento de dirimir en Sala –y no en el Pleno– la Controversia Constitucional sobre el polémico Acuerdo Presidencial con que se dispuso de la Fuerza Armada Permanente, han levantado preocupación respecto de la posibilidad de que no se realice un escrutinio estricto.
El presente número de DeFondho trata de dar un panorama para advertir de los riesgos de la militarización y para llamar a que volvamos a apostar por la vía civil. La experiencia del Centro Prodh no nos hace dudar sobre los riesgos que entraña la expansión del protagonismo militar, mismos que desarrollamos ampliamente en nuestro informe Poder Militar.
