La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha sido una preocupación constante de organizaciones de derechos humanos, como el Centro Prodh, desde hace décadas.

Desde nuestra fundación hemos documentado y denunciado la impunidad en los delitos y graves violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, la autonomía relativa de la que ha gozado el sector castrense, la complacencia estatal con su renuencia a rendir cuentas, la permanencia de la lógica contrainsurgente, los pasos hacia la militarización de la seguridad pública y la erosión de la subordinación castrense a las instancias civiles.

Aunque la llegada a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador generó expectativas sobre una gradual desmilitarización de la seguridad pública, muy pronto éstas se terminaron. La militarización durante el actual sexenio alcanzó una profundidad legal no vista antes, impulsada por la creación de la Guardia Nacional, una serie de cambios jurídicos y una utilización extensiva de las Fuerzas Armadas para labores distintas a su función constitucional ordinaria.

Con el presente informe queremos contribuir a la discusión de esta realidad apremiante y a recordar, como lo hicimos antes, que en México urge un proceso de gradual desmilitarización de la vida pública para tornar más eficientes las políticas de seguridad, para reducir las violaciones a derechos humanos y para reconducir la relación cívico-militar en la lógica propia de una democracia que apuesta por la vía civil.

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