En el próximo informe del Comité debe mantenerse que en México las desapariciones son “generalizadas” y que ocurren en un “contexto de impunidad”, porque las condiciones no han cambiado sustancialmente y porque esta crisis no es “la herencia dolorosa del pasado”, sino una crisis del presente: son ya más de 20 mil desaparecidos en la actual administración.
A punto de terminar su visita a México, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) ha desplegado un trabajo tan intenso como le ha sido posible, escuchando a un amplio rango de víctimas y visitando varios de los lugares clave para entender el estado de este fenómeno.
Publicado originalmente el día 25 de noviembre de 2021, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
La delegación comenzó su trabajo en México el pasado 15 de noviembre. Las cuatro personas comisionadas por el Pleno del CED, así como el equipo de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) que les acompaña, han visitado la tercera parte de los estados del país recibiendo información de autoridades, organismos de derechos humanos y de centenares de víctimas.
El CED ha estado en Veracruz, uno de los epicentros de la violencia y las desapariciones, estado donde las familias siguen encontrando lugares de exterminio de dimensión masiva. También visitó Guanajuato, donde los colectivos de familiares se han multiplicado en menos de dos años a causa del rápido crecimiento de las desapariciones y la violencia.
Una parada obligada fue Guerrero, donde no solamente escucharon a los padres y madres de los 43, sino a colectivos que buscan a sus desaparecidos desde la década de los 60 y 70. En Morelos, acompañaron a integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda, esfuerzo organizativo que despliega un trabajo inédito e integral de reconstrucción de paz.
Nayarit, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa fueron otros estados visitados, además de la Ciudad de México. Aquí fue donde recibió a colectivos provenientes del resto de la República, escuchando dolores comunes, pero también patrones particulares de desaparición que las familias han sabido distinguir.
En cada lugar, el CED ha escuchado de los avances que se han logrado -fundamentalmente a causa del trabajo de las víctimas y sin dejar de reconocer a aquellas autoridades que muestran un mayor entendimiento de sus responsabilidades-. Pero, sobre todo, han recibido información de primera mano de cómo las desapariciones siguen ocurriendo, arrastrando a un calvario a miles de familias y poniendo obstáculos a quienes se ven obligados a buscar ante la indolencia de los tres niveles del Estado.
Es de esperarse que un trabajo de documentación tan amplio dé lugar a un informe que contribuya a que se empiece a revertir la crisis que enfrentamos. En el pasado el Comité ya señaló que en México las desapariciones son “generalizadas” y que ocurren en un “contexto de impunidad”. Esta calificación debe mantenerse en el próximo informe, porque las condiciones no han cambiado sustancialmente y porque esta crisis no es “la herencia dolorosa del pasado”, sino una crisis del presente: son ya más de 20 mil desaparecidos en la actual administración.
Es indudable que el informe también deberá reconocer que se debe desarrollar un enfoque centrado en las prácticas y no en las normas. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que hasta hoy no ha sido cabalmente aplicada, ilustra la larga tradición mexicana de aprobar leyes de avanzada sin asegurar después su aplicación real y quitando a los Poderes Ejecutivos -Federal y Locales- la presión para suscitar cambios reales.
Será también esencial poner énfasis en que la impunidad incentiva que sigan ocurriendo las desapariciones y señalar la responsabilidad de las fiscalías -General de la República y estatales- en que no cambie esta condición estructural.
Y ante la evidente crisis forense que enfrenta México, el informe deberá apuntar a la necesidad de abatir el rezago en materia de identificación, insistiendo en que las fiscalías deben permitir que otras instituciones contribuyan a realizar los procesos de identificación de forma masiva. Especialmente, se deberá identificar el rezago de la FGR en el diseño y la operación del Banco Nacional de datos Forenses como una de las principales falencias.
Otro punto indispensable sería señalar la ausencia de coordinación para el diseño y la ejecución de una verdadera política de Estado en el tema. Las instancias que deben responder a la crisis de desapariciones continúan sin hacerlo adecuadamente, a pesar de que la Ley General en la materia ya prevé un esquema robusto de coordinación que debería ser fomentado por quienes detentan responsabilidades en esta materia al más alto nivel.
Es deseable que el informe de las y los expertos también destaquen la importancia de las búsquedas con participación de las familias, reconociendo su legitimidad y labor pionera, pero advirtiendo que no se puede dejar que en ellas sigan recayendo los mayores esfuerzos al respecto.
Tras haber escuchado las vivencias diarias, es también indispensable que el informe visibilice la ausencia de políticas públicas nacionales de atención victimal y vincule la prevención de las desapariciones con la necesidad de cambiar el fallido modelo de seguridad en curso.
Luego de terminar su visita, los integrantes del CED se reunirán en pleno para debatir el informe. El documento verá la luz entre marzo y abril del siguiente año. Mientras tanto, la conferencia de prensa de cierre de la visita, el próximo 26 de noviembre, será sin duda un adelanto de las esperadas recomendaciones que podrán ayudar a corregir el camino y aliviar dolores.