El fenómeno de la desaparición no solo es herencia del pasado; es eso, pero también una herida del presente: en lo que va del sexenio se acumulan ya más de 20,000 desaparecidos. En ese contexto, es de esperar que el Comité vuelva a insistir en que las desapariciones en México son generalizadas y ocurren en un contexto de impunidad.
Este 15 de noviembre comenzó la visita del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), órgano que durante 11 días recorrerá 12 estados de la República para conocer de primera mano la situación de ese grave delito y violación a derechos humanos que sigue hiriendo la geografía mexicana y así formular recomendaciones para enfrentarlo.
Publicado originalmente el día 17 de noviembre de 2021, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
El CED es el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención contra la Desaparición Forzada de la ONU. En su visita, 4 de los 10 integrantes del pleno del Comité recibirán información de autoridades, organismos de derechos humanos y de las propias víctimas sobre patrones de actuación, lugares de desaparición y posibilidades de recomendación de política pública al Estado.
Esta visita es, sin duda, un logro de los colectivos de familias en búsqueda, quienes también empujaron durante años para que el Estado mexicano aceptara la competencia del Comité para conocer de casos individuales. Las madres, padres y hermanas que buscan a sus seres queridos saben que, cuando las instituciones son insuficientes, los espacios internacionales son una herramienta indispensable en su búsqueda de verdad y justicia.
Aunque es la primera vez que visita México, la situación de nuestro país ya estaba bajo el radar. La primera evaluación tuvo lugar en 2015, y se realizó una evaluación de seguimiento en 2018. En su primer informe, el CED reconoció que en México hay un contexto de “desapariciones generalizadas en gran parte del territorio”. Hasta abril de 2021, el Comité habría recibido 424 Acciones Urgentes sobre casos de desaparición en México, de un total de 1,031 registros de todo el mundo, tan solo por debajo de Iraq.
En sus revisiones anteriores a México, el CED había recomendado tener un plan completo y verificable para implementar en su totalidad la Ley General en la materia, a nivel federal y local, con la participación de las víctimas y el presupuesto adecuado; crear y poner en marcha los registros que estipula la Ley General, como el Banco Nacional de Datos Forenses; generar condiciones para que todos los cadáveres y restos óseos puedan ser identificados y entregados de manera digna, de la mano de la creación del MEIF; garantizar la independencia y autonomía en la FGR con el fin de garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de los casos de desaparición, asegurando la participación de las familias y sus representantes; asegurar que las investigaciones sean integrales, tomando en cuenta patrones y análisis de contexto, considerando cadenas de mandos y otras formas de participación y autoría; garantizar la protección a familias y personas defensoras de derechos humanos en todas sus acciones de búsqueda y retirar a las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.
Esta visita, en complemento, podrá constituir una radiografía del estado actual del fenómeno y de las medidas que se han adoptado para atacarlo.
No será una sorpresa que los colectivos eleven fuertes reclamos. Las familias han insistido en que las autoridades les han dejado el peso de la búsqueda y que abandonan en las morgues los tesoros que ellas encuentran luego de arduas jornadas de riesgoso trabajo. Aunque sin duda reconocen los avances que se han logrado estos tres años, la persistencia de la descoordinación entre instituciones, la falta de implementación de herramientas y mecanismos forenses efectivos y la resistencia de las fiscalías para realizar búsqueda e investigación con debida diligencia serán inocultables.
Luego de terminar su visita, los integrantes del CED se reunirán en pleno para debatir el informe. El documento verá la luz entre marzo y abril del siguiente año. Las recomendaciones que emita después de su visita deben contribuir a que se diseñe una verdadera política de Estado frente a la crisis de desapariciones, en la que se garantice la coordinación entre la federación, los estados, las fiscalías, las comisiones de búsqueda y la asignación de recursos suficientes, lo que hoy no ocurre.
Además, no sobra remarcar que el fenómeno de la desaparición no solo es herencia del pasado; es eso, pero también una herida del presente: en lo que va del sexenio se acumulan ya más de 20,000 desaparecidos. En ese contexto, es de esperar que el Comité vuelva a insistir en que las desapariciones en México son generalizadas y ocurren en un contexto de impunidad.
Los colectivos de familiares han insistido en que es necesario que se cuente con diagnósticos precisos del funcionamiento de las instituciones y mecanismos con responsabilidad en la búsqueda, a efecto de que verdaderamente puedan enfrentar la crisis que seguimos padeciendo, atacando los principales problemas y deficiencias estructurales. Sin duda, el informe final del CED será un insumo principalísimo que las actuales autoridades, que se han declarado abiertas al escrutinio internacional, no podrán ignorar.
La visita del CED abona, por último, a un aspecto que de ninguna manera es menor: a que las familias, sobre cuyos hombros ha recaído el peso de la crisis y de quienes ha dependido el empuje para avanzar, sean reconocidas en su labor y en sus derechos. Ello se refleja, en forma de petición, en lo que expresó doña María Herrera, impulsora de la labor de búsqueda: No nos dejen solos. No quiten sus ojos de este país.