No es sólo que las fiscalías no investiguen y dejen en la impunidad prácticamente todas las desapariciones del país, obteniendo sólo un puñado de sentencias, tampoco están dispuestas a ceder espacio para que otros y otras intenten hacer las identificaciones que éstas, por indiferencia, falta de capacidades o abierta complicidad con el crimen, no han hecho.
La crisis de desapariciones en México no ha cesado. En lo que va del sexenio, más de 20 000 personas han desaparecido –sumando ya más de 90 000 personas desaparecidas– por la incapacidad del Estado para disminuir la violencia, a lo que en buena medida contribuye la empecinada apuesta por la militarización de la política de seguridad.
Publicado originalmente el día 31 de agosto de 2021, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
Ese primer dato de realidad debería bastar para subrayar, en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, que estamos ante un problema mayúsculo que ya no corresponde solamente a una herencia del pasado y cuya atención debería concentrar los esfuerzos coordinados del Estado en su conjunto.
Sin embargo, las instituciones y los diferentes niveles de gobierno siguen mostrando una aproximación fragmentada y carente de coordinación al enfrentarse a esta crisis. La reciente instalación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) dio cuenta de esta realidad.
La conformación del MEIF es en sí misma una noticia positiva. En su creación subyace el reconocimiento de que los mecanismos ordinarios que detenta el Estado están rebasados y son insuficientes para enfrentar el rezago forense que enfrentan las morgues del país, en las que más de 50 000 cuerpos y restos humanos permanecen sin identificar. Frente a esta realidad se requieren medidas extraordinarias, y el MEIF puede ser la primera de éstas.
Durante la presentación del Comité Coordinador del MEIF, este reconocimiento estuvo presente en las intervenciones del Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y de la Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. También en las dignas intervenciones de familiares que buscan a sus seres queridos y que, sentadas a la mesa con las instituciones públicas y sin dejar de interpelar con exigencia a éstas, saludaron la iniciativa, nacida precisamente gracias a su impulso. Igualmente, esta perspectiva marcó la intervención de las y los expertos que integrarán el Comité Coordinador, quienes cuentan con la trayectoria y la experiencia suficiente para echar a andar un esfuerzo de esta envergadura.
Pese a que estas intervenciones alientan la esperanza en el MEIF, en el mismo acto se hizo patente la reticencia de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las fiscalías estatales, agrupadas en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a aceptar la necesidad de explorar mecanismos extraordinarios.
La intervención del representante de la Conferencia, hoy titular de la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí, fue especialmente reveladora sobre estas resistencias institucionalizadas. Al funcionario, como puede deducirse de su intervención, parece preocuparle e inquietarle más que un mecanismo extraordinario de identificación forense altere el coto de poder de las negligentes procuradurías, que la acumulación de miles y miles de cuerpos y restos que permanecen olvidados en las morgues del país.
Una vez más, quedó de relieve cómo la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales permanecen ancladas en visiones del pasado que eluden reconocer el profundo fracaso del sistema de procuración de justicia ante la epidemia de desapariciones que vivimos en México desde 2006. No es sólo que las fiscalías no investiguen y dejen en la impunidad prácticamente todas las desapariciones del país, obteniendo sólo un puñado de sentencias, tampoco están dispuestas a ceder espacio para que otros y otras intenten hacer las identificaciones que éstas, por indiferencia, falta de capacidades o abierta complicidad con el crimen, no han hecho. Mientras esa perspectiva prevalezca, el rezago forense continuará.
Hay que decirlo con claridad: en procuración de justicia no hay transformación; más bien, asistimos a la pasmosa continuidad de lo ya existente e incluso a retrocesos, como la reforma a la Ley Orgánica de la FGR, que evidencian una nostalgia por un pasado autoritario en el que el Ministerio Público era ajeno a cualquier idea de rendición de cuentas; a esto se añade que el presupuesto público federal sigue privilegiando a las Fuerzas Armadas y no a las instituciones de justicia, urgidas de una inyección de recursos seria, transparente y con controles externos. Si las prioridades reales de un gobierno se expresan en el presupuesto, sería falso afirmar que en el presente atender la crisis de desapariciones es una prioridad gubernamental.
Los estados replican y empeoran el modelo: los gobernadores impulsan fiscales a modo y no invierten en sus fiscalías ni en mejorar sus servicios periciales para que cuenten con los recursos que se necesitan para hacer frente a esta crisis. En las entidades, subsisten gobernadores y procuradores que jamás se han reunido con los colectivos de desaparecidos o, peor aún, que responden con indiferencia -cuando no con sus policías- a sus legítimos reclamos.
En este escenario oscuro, la luz de esperanza sigue siendo el tesón con que los padres y las madres, en múltiples estados del país, tomaron este 30 de agosto calles y plazas públicas para que ahí irrumpan mediante sus pancartas y pendones los rostros de sus seres queridos que siguen esperando justicia, verdad y memoria. Así como las familias ya consiguieron el MEIF y un incipiente reconocimiento de la magnitud de la crisis, sin duda conseguirán construir ese país anhelado en el que sólo desaparezcan la indiferencia y la impunidad.