Que el Ejército asuma que puede proponer -y en los hechos, imponer- en la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional a mandos con antecedentes de tortura, da cuenta de cómo las Fuerzas Armadas han adquirido una fuerza inédita ante la que no se está construyendo ningún contrapeso civil.
Al entregar la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, en los hechos el poder civil ha abierto la puerta para que en ésta se reciclen mandos castrenses con antecedentes contrarios al respeto a los derechos humanos.
Publicado originalmente el día 18 de agosto de 2021, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
Así ha ocurrido con la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional, que hoy se encuentra en manos de quienes, en algunos de los años más álgidos de la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”, dirigieron la Policía Ministerial Militar, conocida también como Policía Judicial Militar.
Pese a la opacidad que ha rodeado tradicionalmente a este cuerpo policial castrense, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha logrado documentar en algunas recomendaciones cómo los ministeriales militares están habituados a torturar impunemente.
Por ejemplo, en la Recomendación 16VG/2018, el Ombudsman Nacional consideró acreditada la queja de un militar que refirió cómo “fue ingresado a un dormitorio de oficiales en donde fue presionado por elementos de la policía judicial militar para que aceptara que ‘trabajaba para una célula del crimen organizado, y que si no lo hacía ya tenían a dos oficiales para que ellos me denunciaran como miembro de la delincuencia organizada’ (…) a partir de las 00:01 horas del día 30 de enero de 2013, fue vendado de los ojos, muñecas y dedos de ambas manos, envuelto en una manta que le llegaba desde los hombros hasta los pies, le ‘colocaron cinco cinturones de seguridad (…) en (…) hombros, abdomen, cadera, rodillas y tobillos’, lo colocaron sobre un colchón en el piso y por el lapso de 2 horas recibió ‘golpes en el abdomen y jalones de pelos, …chorros de agua en la cara los cuales le provocaban asfixia’, que le decían ‘que si moría en ese acto desaparecerían mi cuerpo y me darían como prófugo de la justicia y desertor y que si mi familia se atrevía a poner una denuncia les pasaría lo mismo’. Que al momento en que fue agredido físicamente, se encontraba presente (un mando militar no identificado) quien le aconsejaba aceptara lo que los elementos policiacos le imputaban”.
Los mandos militares que encabezaban la policía judicial militar cuando ocurrieron estos eventos de tortura no sólo no han sido investigados, sino que hoy, impunemente, se han integrado a la naciente Guardia Nacional, como lo documentamos en nuestro informe “Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense” y lo retomaron diversas investigaciones periodísticas.
Este grave hecho se torna incluso más preocupante dado que, según la Ley de la Guardia Nacional, el titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional debe ser nombrado por el presidente de la república precisamente para que cuente con la máxima independencia en su delicada labor. Que el Ejército asuma que puede proponer -y en los hechos, imponer- en ese puesto a mandos con antecedentes de tortura, incluso poniendo en una delicada posición a su Comandante Supremo, da cuenta de cómo, en la actual administración, las Fuerzas Armadas han adquirido una fuerza inédita ante la que no se está construyendo ningún contrapeso civil.
En esa clave deben entenderse también el reciente cambio en la estructura del Ejército Mexicano y la creación de su nueva Comandancia. Las Fuerzas Armadas y sus voceros han destacado que se trata del más trascendente cambio en la organización del Ejército Mexicano. Sin entrar a detalle sobre las implicaciones de dicha modificación, el sólo hecho de que se publicite así pone de relieve un aspecto no menor: por sí y ante sí, el Ejército decidió una modificación sustantiva a su estructura y constituyó su nueva Comandancia, con endeble fundamento legal –según se ha dicho, la facultad del General Secretario de crear unidades especiales-, sin siquiera permitir que el respectivo cambio se discutiera antes en el Congreso de la Unión y se incorporara a la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos en vigor.
El discurso del General Secretario, el pasado 13 de agosto de 2021, lo evidencia. Aunque con ambigüedad se refirió a que se trata de “un proyecto”, afirmó nítidamente que esta reestructuración se “consolidará” con las reformas legales y reglamentarias que se “armonizarán” a lo que el Ejército ya decidió, y no al revés, como debería ocurrir en un contexto de subordinación castrense al poder civil. A no dudar, estamos de nuevo ante una expresión de la creciente autonomía fáctica del Ejército, que devuelve la relación cívico militar a las décadas inmediatamente posteriores a la Revolución Mexicana: primero, los castrenses deciden por sí mismos los cambios de fondo en su estructura; después, al Congreso sólo le corresponde validarlos legalmente acatando en los hechos las órdenes del mando militar.
La imposición de mandos complacientes con la tortura en posiciones clave de la Guardia Nacional, lo mismo que la reciente reestructuración del Ejército, confirman que, con buena fe y rigor lógico, acudimos en México a la profundización de una militarización que, en los años por venir, será difícil revertir.