Importa dejar claro desde ahora que incluso si la votación en la consulta es insuficiente, tal situación no eximirá por sí misma al Estado mexicano de cumplir con su obligación de asegurar justicia, verdad y reparaciones a las víctimas de violaciones a derechos humanos.

El próximo domingo se llevará a cabo una consulta popular para recoger la opinión de la ciudadanía sobre la pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Publicado originalmente el día 28 de julio de 2021, en “La lucha cotidiana de los derechos humanos”.

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Como actualmente ocurre con frecuencia en el debate público, las posiciones suelen decantarse hacia los polos. Conviene por tanto precisar algunos puntos:

  1. La consulta no es sobre un “juicio a los expresidentes”. Esa fue la formulación inicial del presidente de la República, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no consideró constitucional esa pregunta. Las campañas sobre la consulta que enfatizan que esto es lo que está en juego, sin duda tergiversan lo que la Corte dijo.
  2. La pregunta es ambigua, lo mismo que la consecuencia de la respuesta. Aunque en entrevistas el ministro presidente de la SCJN ha expresado que su entendimiento personal es que la consulta versa sobre el establecimiento de medidas extraordinarias para esclarecer la verdad sobre actos de corrupción y violaciones a derechos humanos del pasado -y aunque existen esfuerzos muy loables de diversas organizaciones y activistas para fijar este contenido-, subsisten dudas legítimas sobre si este es el entendimiento que guió al resto de los ministros y ministras, y más aún al propio titular del Ejecutivo. No es claro, por tanto, qué ocurrirá tras la consulta.
  3. El INE hace su labor con los recursos disponibles. En un año en el que hubo elecciones y en el que aún está presente la pandemia -factor que en sí mismo pone en duda la pertinencia presupuestaria y política de una consulta de esta índole-, el Instituto Nacional Electoral (INE) no es responsable de que existan recursos disponibles limitados para este ejercicio y hace lo que es posible en un contexto de escasez.
  4. Los grandes fenómenos de corrupción y violación a los derechos humanos ocurridos en el pasado reciente permanecen impunes y no pertenecen sólo al pasado. Puede afirmarse que la elección de julio de 2018 fue la expresión más clara de que la mayoría de las mexicanas y los mexicanos queríamos que el régimen de impunidad se revirtiera; no se necesitaba una consulta popular adicional. A casi tres años de la llegada del actual gobierno, sin embargo, esta expectativa no ha sido cumplida; aunque hay avances en algunos casos, estos no se han extendido ni han desembocado en formas de actuación que anuncien un claro rompimiento con el pasado. Sobre todo, la Fiscalía General de la República (FGR), anclada en una visión nostálgica del pasado, no ha estado a la altura de ese desafío. En este contexto, las víctimas de abusos del pasado y del presente -porque las violaciones a derechos humanos no desaparecen por decreto y aún suceden- viven con frecuencia en el desamparo y sin empatía de la mayor parte de la sociedad.
  5. Participar en los ejercicios de la democracia participativa es un derecho. Durante décadas hemos escuchado que nuestro derecho a participar en las decisiones públicas se agota en el sufragio durante la jornada electoral. Pero la ciudadanía es más que eso: es discutir, debatir, asociarse, protestar y, también, participar en los ejercicios que se emprendan con las herramientas de la democracia participativa o semi–directa, como las consultas populares. Siendo el inminente ejercicio el primero de su tipo, hay que celebrar que se empiecen a emplear estas herramientas que expanden los derechos políticos.
  6. Respecto de las violaciones a derechos humanos, la obligación de garantizar justicia, verdad y reparaciones subsistirá con independencia del resultado de la consulta. El umbral de votos que la ley demanda para hacer vinculatorio el resultado de una consulta popular es demasiado alto y, con realismo, hay que señalar que difícilmente se alcanzará. Por ello, importa dejar claro desde ahora que incluso si la votación es insuficiente, tal situación no eximirá por sí misma al Estado mexicano de cumplir con su obligación de asegurar justicia, verdad y reparaciones a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Desde las obligaciones estatales y considerando el contexto de debate polarizado y poco veraz, sería inaceptable que una participación baja se invocara para sugerir que al pueblo de México no le interesa la satisfacción de estas obligaciones. La realidad es que al día siguiente de las elecciones seguiremos con un país roto en el que hay miles de víctimas, cuya atroz realidad nos seguirá interpelando diariamente más allá de consultas y coyunturas específicas.    

Con todo y estas precisiones, sin dejar de señalar las contradicciones y apuntando las incertidumbres y posibles intentos de manipulación del resultado, la gravedad de la crisis de violencia que ha vivido México obliga a contestar sí a la consulta teniendo presentes a tantas víctimas que siguen sin acceder a la justicia, a la verdad y a la reparación.

Ante la pregunta y con independencia de lo que después hagan los actores políticos, la expresión del sí equivale a manifestar que ese dolor importa y que debe ser atendido y entendido en su dignidad por las instituciones. Supone romper, así sea por un día, la indiferencia social que ha prevalecido desde 2006, en una sociedad en la que la idea de que las víctimas son causantes de su propio infortunio porque “en algo andan” o porque -como se vuelve a decir ahora- “se matan entre ellos”; esa indiferencia que causa también la idea de que estamos condenados y condenadas a la impunidad porque “así son las cosas”. Entraña decir que “algo” tienen que hacer las instituciones del Estado y la propia sociedad ante el cúmulo de agravios impunes que México carga sobre sí y que sigue ocurriendo en el presente. Implica en el fondo decir, como se ha dicho con el tino de siempre, que el arduo y digno caminar de las víctimas no nos ha pasado desapercibido.