La protección y disfrute de los derechos humanos de la población es probablemente el baremo más importante para evaluar si una democracia está o no haciendo su trabajo. En México, la crisis en materia de graves violaciones –profundizada a partir de la “Guerra contra el narcotráfico”– impulsó, en gran medida, una profunda inconformidad con el régimen, que se expresó en la elección de 2018.
Dado que este contexto facilitó llegada de la nueva administración federal, las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil esperaban un fuerte avance de sus demandas, nacidas de décadas de luchas profundas, constantes y a menudo dolorosas. Luchas que, si bien no habían terminado de revertir el régimen de impunidad imperante, sí habían alcanzado triunfos relevantes, que incluyeron desde el nacimiento del sistema ombudsman hasta la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pasando por el reconocimiento generalizado sobre la legitimidad del trabajo civil en este ámbito.
Por supuesto, estos logros no eran acabados ni absolutos. Las organizaciones de derechos humanos habían señalado ya la necesidad de evaluar y reformar las instituciones encargadas de garantizar los derechos humanos . Es cierto que éstas tuvieron poca incidencia ante la impunidad imperante, fueron poco relevantes para tutelar los derechos de la mayoría empobrecida y en no pocos casos generaron burocracias inoperantes. Pero, sin duda, esta institucionalidad revisable y reformable desempeñaba importantes funciones para la garantía de los derechos de las personas. Sobre ella debía construirse.
Sin embargo, esto no ha ocurrido. Varios de estos mecanismos e instituciones comenzaron a ser debilitados en el plano federal. Esta deriva es preocupante pues para salir de la crisis de derechos humanos es importante que haya voluntad, pero también que existan instituciones capaces de instrumentar políticas que perduren. Además, genera un modelo que los estados de la República, donde las instituciones suelen ser incluso más débiles y susceptibles a intrusiones indebidas de los gobernadores, no tardarán en emular para mal.
En este número de DeFondho ofrecemos un breve panorama de algunos de los aspectos más preocupantes relativos a este debilitamiento de las instituciones y mecanismos de defensa de los derechos humanos, con la convicción de que las instituciones deben corregirse para fortalecerse más y no para debilitarse.
