La militarización de la Guardia Nacional impacta negativamente en la continuidad de violaciones a los derechos humanos, en la permanencia de los niveles de violencia y en el trastocamiento de las relaciones cívico militares.
Desde que el presidente de la República planteó la conformación de la Guardia Nacional, múltiples voces no hemos dejado de manifestar hondas preocupaciones por la muy dudosa efectividad de la estrategia de seguridad militarizada y los enormes riesgos asociados a ella. Estas inquietudes se reavivaron al conocerse la intención de realizar una nueva reforma constitucional para integrar formalmente la Guardia Nacional a la SEDENA, lo que haría irreversible este proceso y sus consecuencias sobre la población.
Publicado originalmente el día 1 de julio de 2021, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
En este contexto, y precisamente al cumplirse 2 años de que empezó a operar la Guardia Nacional y 7 de la todavía impune masacre de Tlatlaya, presentamos el informe “Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense”. Este documento, que busca ser un insumo para la discusión que debe darse en torno a la mencionada reforma, disecciona la profundización de la militarización en este sexenio y advierte de los riesgos de perpetuar este modelo.
Recordando que desde la sociedad civil, las organizaciones y organismos de derechos humanos e incluso desde instancias internacionales se resaltó la importancia de que la Guardia Nacional fuese de carácter civil y con controles robustos para evitar riesgos a la vida e integridad de las personas, nuestro informe evidencia la forma en que este carácter quedó solamente en papel para dar paso a una #GuardiaMilitarizada.
Así, encontramos que la mayoría de la fuerza de la Guardia Nacional y prácticamente todos sus mandos operativos provienen de las Fuerzas Armadas y que el diseño de carrera tiene una perspectiva predominantemente militar con casi nula formación en derechos humanos; además, documentamos que sus mecanismos de control interno están bajo control de personal de extracción castrense -con un historial asociado a la comisión de graves violaciones a derechos humanos- y que los externos -informes al Senado- no están sirviendo para los propósitos para los que fueron concebidos. Por si ello fuera poco, recordamos que leyes que acompañaron la creación de este cuerpo – las de la Guardia Nacional, del Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones– han sido impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por sus graves problemas de inconstitucionalidad e irrespeto a los estándares internacionales de derechos humanos.
Sumado a esta transformación de la Guardia Nacional en un cuerpo de carácter castrense, también advertimos del proceso que no solamente ha proporcionado a las Fuerzas Armadas el marco jurídico que exigieron por lustros, sino que les ha dado facultades aún más amplias en una diversidad de campos sin que esto encuentre un contrapeso mínimo en mecanismos de control civil y de rendición de cuentas.
De esta forma, además de la ventana para la participación “temporal” de los castrenses en seguridad pública abierta con la creación de la Guardia Nacional, nos encontramos con una Estrategia Nacional de Seguridad Pública que da valor central a las Fuerzas Armadas; con las mencionadas leyes secundarias de la Guardia Nacional que les confieren amplias facultades a los castrenses; con el Acuerdo Presidencial que permite a la Fuerza Armada Permanente una intervención vasta en seguridad pública sin cumplir con estándares internacionales; la subordinación completa del funcionamiento operativo de la Guardia Nacional al Ejército; una política de atención a víctimas que busca el descenso simulado del número de quejas y denuncias; la reforma al reglamento de la Guardia Nacional que le da autonomía respecto de su único contrapeso civil, la SSPSC; la reforma a la Administración Pública Federal que permite encargar todo tipo de servicios a las Fuerzas Armadas y el anuncio de que hacia 2023 se valorará una reforma constitucional adicional para entregar toda la Guardia Nacional al Ejército.
Esta profundización de la militarización, advertimos en “Poder Militar”, impacta negativamente en la continuidad de violaciones a los derechos humanos, dado que los abusos que se han cometido no son investigados exhaustivamente; en la permanencia de los niveles de violencia, pues la expansión militar no está bastando para lograr una disminución de sus altos niveles; y finalmente, en el trastocamiento de las relaciones cívico militares, provocando en los hechos una mayor autonomía para un Ejército que se ha caracterizado por no rendir cuentas y exponiéndolo a mayores riesgos de corrupción y politización.
Desde la perspectiva de un centro de derechos humanos que por décadas ha documentado abusos de las fuerzas de seguridad al mismo tiempo en que acompaña a las víctimas de estos, no podemos dejar de advertir los riesgos de impulsar una reforma para adscribir en definitiva la Guardia Nacional a la SEDENA.
Esperamos que quienes lean el informe que presentamos encuentren en él argumentos fundados para rechazar un modelo que cancelaría la posibilidad de que algún día México cuente con una policía civil de presencia nacional y abriría una etapa cargada de riesgos inéditos respecto de la presencia y el papel de las Fuerzas Armadas en la vida pública nacional.
