Desde hace varios años, las organizaciones y colectivos que trabajamos en el amplio y diverso campo de los derechos humanos hemos señalado que, ante la gravedad de la crisis que enfrentamos en esa materia, las recomendaciones y sentencias de organismos internacionales de derechos humanos constituyen una valiosa herramienta para las instituciones y para la sociedad organizada.
Uno de los documentos más relevantes de los últimos años en este sentido fue el “Informe Situación de Derechos Humanos en México”, emitido en 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su visita in loco a México. En él, lejos de guardar silencio ante las masacres y la impunidad, la Comisión señaló que México atravesaba una “grave crisis de derechos humanos” e identificó que la violencia había aumentado con la llamada “Guerra contra el narcotráfico”; también advirtió de niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a víctimas y familiares.
Publicado originalmente el día 21 de abril de 2021, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
El texto ofrecía una serie de recomendaciones para superar la situación en clave de respeto a los derechos de todos y todas en temas relacionados con inseguridad ciudadana y militarización, desapariciones, tortura, acceso a la justicia e impunidad, libertad de expresión y la situación de grupos vulnerabilizados.
En aquel momento, el informe fue descalificado por el Estado mediante la posición de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En su reacción ante el proyecto de informe, la Cancillería expresó: “Para México, no es congruente señalar, como lo ha hecho la CIDH, que el país vive una ‘grave crisis de derechos humanos’ cuando sólo son analizadas ciertas violaciones – que no derechos – sin realizar una valoración sobre el goce y disfrute de todos o la mayoría de los derechos […] El Estado observa que en el proyecto de informe, tanto en el entendimiento de fenómenos generales y particulares, como en el manejo de cifras existe cierta ambigüedad y ausencia de criterios objetivos para justificar los análisis particulares […] El Estado considera que el proyecto de informe presentado por la CIDH no contempla, a su vez, una serie de realidades y retos de la violencia en México, dejando de lado factores de la mayor trascendencia e importantes avances que se han logrado y que se continúan impulsando día a día. En ese sentido, se expresa un rechazo al contexto general desarrollado por la CIDH”.
Hace unos días, la CIDH hizo público su informe anual de 2020 sobre la situación de los derechos humanos en las Américas, que incluye un “Quinto informe de seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en el informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México”. Es decir, se trata de un balance sobre el cumplimiento de sus recomendaciones a 5 años tomando en cuenta tanto la información oficial como aquella de las personas defensoras y víctimas, en el que se encontró que persisten desafíos en materia del fortalecimiento de la institucionalidad en derechos humanos.
Una revisión somera de los temas incluídos permite concluir que la crisis no se ha resuelto y que urge retomar las recomendaciones formuladas si no queremos ver retrocesos en nuestros derechos.
Sobre seguridad, Guardia Nacional y militarización, la CIDH lamenta la creación de un órgano conformado por personal y estructura de tipo militar en lugar de una institución de seguridad eminentemente civil (p. 1107) -tal y como lo hemos advertido reiteradamente las organizaciones de la sociedad civil.
En lo relativo la crisis de desapariciones -cifradas ya en 83 mil para esta fecha-, la CIDH valoró la instrumentación de las leyes en la materia pero apuntó que aún existen algunas deficiencias, particularmente en lo tocante a “la instalación de las Fiscalías Especializadas en las entidades federativas, así como con la creación de las herramientas a cargo de la FGR” (p. 1125).
Respecto de la tortura, el organismo interamericano deplora que aunque existe una nueva ley para prevenirla, “no se han informado avances sobre su implementación”. Además, la CIDH también lamenta que no se hayan cumplido las medidas estructurales ordenadas en el Caso Atenco (p. 1160).
El informe deja notar además la preocupación de la Comisión dado que, en los casos de ejecuciones extrajudiciales, no se están generando reportes respecto del uso de la fuerza que cumplan con los estándares internacionales en la materia(p. 1138).
En cuanto a acceso a la justicia, la CIDH apunta la falta de un plan coherente para la cooperación de autoridades estatales y federales para la investigación de graves violaciones a derechos humanos (p. 1143) y advierte que el acceso a la justicia continúa representando uno de los retos más importantes para el Estado mexicano: “Una justicia eficiente y eficaz es clave en la lucha contra la impunidad y eje central en la respuesta a cualquier violación de los derechos humanos” (p. 1216).
Sobre derechos de las víctimas, la Comisión “reitera su preocupación por en relación con el financiamiento de la CEAV y el aseguramiento de sus recursos para el cumplimiento de sus funciones, en el marco de la eliminación… de fideicomisos” (p. 1145).
La CIDH también externa preocupaciones puntuales respecto de la garantía de los derechos de las personas LGBT, mujeres, niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas, personas privadas de la libertad, migrantes, desplazados, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Como se puede notar, los temas señalados por la Comisión en este informe de seguimiento han estado en el centro de las preocupaciones de víctimas y personas defensoras; y, más aún, en un lugar preeminente del debate público. Por ejemplo, la SCJN deberá pronunciarse sobre temas relativos a la militarización; hoy por hoy, se está dando la batalla ante el Poder Legislativo para que la FGR no se sustraiga de sus obligaciones en cuanto a búsqueda de personas y derechos de víctimas; en acceso a la justicia, no puede soslayarse el riesgo que se cierne sobre la independencia del Poder Judicial ante la pretensión de alterar la desde otro poder la duración del mandato del presidente de la SCJN; y organizaciones y personas han interpuesto recursos para obligar al Estado a mantener un mínimo presupuestal para atención a víctimas, entre otros temas.
Por otro lado, el informe adquiere una especial relevancia en un contexto en el que desde sectores políticos dominantes se cuestiona la validez y las intenciones del trabajo de defensa de derechos humanos. Nos confronta con la realidad de que en nuestro país se siguen violando derechos humanos. También nos muestra que existen rutas para revertir esta situación sin recurrir a las fórmulas que han sido parcialmente responsables de ella. No sobra recordar que tanto la CIDH como la OACNUDH han ofrecido reiteradamente al Estado mexicano su asesoría y herramientas especializadas para ello. Ante estos ofrecimientos, lo mínimo que cabría que esperar es una apertura que se diferencie de lo que ocurrió en el pasado; lamentablemente, en las posiciones del actual gobierno ante instancias como la CIDH, no todos los funcionarios ni todas las dependencias se han diferenciado con claridad de la forma y el fondo que prevalecieron los últimos sexenios. Lo mismo ha ocurrido en la relación con otras instancias del sistema multilateral internacional de derechos humanos.
Este informe de seguimiento también pone de relieve que se necesita más que declaraciones de intención para cambiar el día a día en materia de derechos humanos. Como señala la CIDH, “el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su reconocimiento de los derechos humanos con la realidad que experimentan un gran número de habitantes” (p. 1216).