Hoy, en un escenario que se antojaba ideal para saldar esta deuda del Estado con la democracia, en el que se esperaba una ruptura total con las maneras de gobernar de décadas pasadas y con los poderes fácticos, las familias deben seguir tocando puertas y recurriendo a sus propios medios para tratar de esclarecer, por fin, el paradero de quienes faltan.
Las familiares de personas desaparecidas en México han demostrado, desde las primeras huelgas y manifestaciones iniciadas por un puñado de madres valientes a finales de la década de los setenta, que las desapariciones acarrean un dolor que no se desvanece con el tiempo y que son los seres queridos quienes realizan los mayores esfuerzos de búsqueda ante la indiferencia de las autoridades o su aquiescencia con los perpetradores.
Estas verdades no cambian, ya sea que hablemos de víctimas de la llamada “Guerra contra el narco” o de víctimas de la violencia de Estado en las décadas de 1960 y 1970. La reciente carta pública de Alicia de los Ríos Merino (hija), buscando entre la sociedad algún indicio que lleve al paradero de su madre, es un ejemplo perfecto de ello.
Publicado originalmente el día 9 de enero de 2021, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
Alicia de los Ríos (madre) era militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre cuando fue detenida y desaparecida en la colonia Nueva Vallejo de la Ciudad de México por agentes de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, al mando del coronel Francisco Sahagún Baca, y fue vista por última vez ese mismo año en una base militar en Guerrero.
Desde entonces, las sucesivas autoridades -políticas, policiales y militares- han seguido ocultando su paradero y el de centenares de personas que, bajo su custodia, sufrieron la misma suerte. Tan solo entre el cuatro y cinco de enero de 1978, la Brigada Especial realizó un operativo donde fueron detenidas y posteriormente desaparecidas cuatro personas: José Hugo González García, Alejandro Mares Montaño, Leticia Galarza Campos y Alicia de los Ríos Merino. Además, fueron ejecutados tres jóvenes: “Esteban”, “Pedro” y Antonio Solís Rodríguez.
Desde los primeros momentos, la familia de Alicia comenzó la búsqueda incansable que hoy suma 43 años. En 2002, la familia De los Ríos Merino y el Centro Prodh interpusimos una denuncia ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Después de la disolución de este organismo, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) tomó el caso, sin que a la fecha existan avances en la investigación y esclarecimiento de los hechos. Ante este panorama, la familia, la Fundación Diego Lucero, el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez y el Centro Prodh llevamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que decidirá conjuntamente tanto la admisibilidad como el fondo del asunto.
Alicia ha señalado que es inconcebible que, a pesar del actual conocimiento público y documental sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado en esa época mediante elementos del Ejército, de la Dirección Federal de Seguridad, de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia y otras corporaciones, las autoridades no hayan dado resultado alguno.
Más desesperante resulta para las familias que aún esperan verdad, no percibir que en este gobierno se avance en esclarecer lo ocurrido durante el período ni en lograr que las Fuerzas Armadas y el aparato de seguridad -y no solo las instancias políticas- reconozcan su responsabilidad. El Ejército, que en este sexenio ha recibido todo, no ha dado a cambio nada en derechos humanos. El paradero de al menos quinientas personas que fueron desaparecidas en operativos de autoridades institucionales durante esa época sigue sin esclarecerse, mientras el sector castrense gana presencia y poder.
Hoy, en un escenario que se antojaba ideal para saldar esta deuda del Estado con la democracia, en el que se esperaba una ruptura total con las maneras de gobernar de décadas pasadas y con los poderes fácticos, las familias deben seguir tocando puertas y recurriendo a sus propios medios para tratar de esclarecer, por fin, el paradero de quienes faltan.
La carta de Alicia es una poderosa y rompedora botella lanzada al mar. Ojalá quienes tengan un pedacito de información que pueda ayudar a completar el rompecabezas lo aporten. Pero no debemos dejar de lado que el Estado tiene todo para romper la impunidad y acabar con el dolor y la injusticia que siguen latiendo. Documentos, instalaciones, incluso testigos de esos momentos. ¿Qué es lo que impide un desenlace de verdad y justicia con esta deuda, si el propio presidente de la República ha dicho que esto fortalecería a las instituciones?
Las personas desaparecidas no se pueden guardar bajo la alfombra de ningún gobierno, y esta sociedad no puede seguir llena de ausencias. Si tienes cualquier indicio del paradero de las personas desaparecidas en la década de 1970, envía la información a alicia.contacto@centroprodh.org.mx.