La crisis de derechos humanos que ha atravesado México, acentuada por la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, ha producido decenas de miles de víctimas de la violencia estatal y la violencia criminal –y, sobre todo, de su intersección–, lo que se traduce en una cantidad inconmensurable de vidas rotas y dolor.
Esto, sin embargo, no es el único rostro de la crisis. Muchas de estas víctimas y sus familiares –que son víctimas indirectas- se han convertido en activistas, buscadoras en vida, forenses y asesoras legales y organizativas ante la inacción de las autoridades y la impunidad. Sumadas a las organizaciones de la sociedad civil, periodistas y pueblos indígenas en resistencia, conforman al variado movimiento de personas defensoras de derechos humanos.
Este movimiento ha sido blanco de ataques cada vez más intensos en los últimos años, lo cual reviste un carácter de enorme gravedad porque las agresiones
impunes contra quienes defienden derechos son un factor decisivo para que continúen las desapariciones, tortura, ejecuciones, despojo y connivencia entre autoridades y grupos criminales.
En este número de DeFondho abordamos el caso de Gobierno Espía y las dificultades que representa la falta de independencia de las fiscalías para la investigación de violaciones a derechos humanos; presentamos dos perfiles de personas defensoras, la buscadora María Herrera y el indígena ambientalista Misael Zamora; y hacemos un resumen de lo que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos encontró en su visita a México.
Al día de hoy, lamentablemente, personas que fueron amenazadas o atacadas en años anteriores siguen viendo su integridad en riesgo y nuevos episodios se siguen presentando. La administración actual tiene ante ello una doble oportunidad: dejar de lado la retórica y atacar los pactos de impunidad que no acaban de romperse.
