Instalan Comisión para la Verdad y el acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa

Discurso pronunciado por Santiago Aguirre

La desaparición forzada en un solo evento de 43 jóvenes normalistas; la ejecución de 6 personas, incluyendo a 3 estudiantes; las lesiones causadas a decenas de hombres y mujeres, irreversibles en varios casos; el llamado caso Ayotzinapa, en suma, es uno de los más oscuros episodios en la historia reciente del país. Un crimen paradigmático de la crisis de violencia y violaciones a derechos humanos que enfrenta México. Una herida abierta en el corazón de nuestra patria.

Porque a los atroces crímenes del 26 de septiembre de 2014 les siguió una respuesta institucional que no sólo mostró las peores prácticas del sistema de justicia penal, sino que también evidenció a un sistema político agotado.

Vino primero el desdén de la Federación frente a un evento que, pese a su magnitud, se consideró local y por tanto competencia de las autoridades estatales, dejando correr así las más importantes horas para la investigación de una desaparición. A esta fase, le sucedió otra en la que la Federación intervino para confeccionar atropelladamente y acudiendo a métodos ilícitos una versión de los hechos que se presentó a las familias y a la opinión pública como definitiva, aun cuando no estaba respaldada en evidencia científica sólida. Enseguida, en un ejercicio inédito, tuvo lugar una fase de escrutinio internacional, conducida por el valeroso Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que designó la CIDH, en la que fueron reprobados los esfuerzos del Estado mexicano en el caso y surgieron otras líneas de investigación que no habían sido agotadas. Después sobrevino un prolongado letargo, donde el caso fue más bien administrado políticamente. Esta negligencia llevó a que entráramos, recientemente, a una nueva fase en la que las acusaciones formales han comenzado a caerse una a una en sede judicial, a consecuencia de las irregularidades cometidas en la investigación.

A lo largo de cada una de estas etapas, los padres y las madres de los jóvenes desaparecidos sostuvieron, en las condiciones más adversas, una lucha digna y firme para seguir demandando justicia y verdad. Con protestas que les llevaron a tocar las puertas de todas las instituciones del Estado, incluso a apostarse aquí mismo, afuera de esta secretaría, a la intemperie, mantuvieron su demanda de justicia. Gracias a esta lucha incesante, abrazada por múltiples organizaciones sociales y colectivos en México y el extranjero; y, sobre todo, gracias también al monitoreo internacional realizado por la ONU y por la CIDH, mediante su Mecanismo Especial de Seguimiento, lograron resistir cuatro años de mentira e impunidad y hoy están aquí, de pie, unidas y unidos.

Han llegado hasta el presente, en el que una alternancia política, que esperamos devenga verdadera transición, ha abierto una ventana de oportunidad. Después de reunirse con los padres y las madres como candidato en Iguala y como mandatario Electo en el Museo de Memoria y Tolerancia, durante el cuarto aniversario de los hechos, en su Primer Acto de Gobierno el Presidente López Obrador recibió a las familias en Palacio Nacional y anunció la emisión de un Decreto en el que instruyó a toda la administración pública federal a contribuir proactivamente en el esclarecimiento del caso y en el que formalizó la instrucción dada al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de supervisar el cumplimiento de esa instrucción, presidiendo la Comisión creada por virtud de tal decreto, misma que hoy se instala delante de ustedes.

El reto que enfrentará la Comisión no es menor: deberá romper los pactos de impunidad que impiden saber cabalmente qué pasó en el caso Ayotzinapa. Y aunque la tarea es desafiante, para acometer ese objetivo la Comisión cuenta con el respaldo presidencial; con un mandato jurídico claro contenido en un decreto; con el liderazgo de una Secretaria de Gobernación y un Subsecretario de Derechos Humanos comprometidos a fondo con la agenda de derechos humanos; y, sobre todo, con la participación activa de los propios familiares. La Comisión cuenta también con el respaldo del Secretario de Relaciones Exteriores, para concretar la asistencia técnica internacional que se requiera; y con el respaldo del Secretario de Hacienda, para asignar los recursos requeridos.

Como ya se ha dicho, la Comisión que hoy instalamos no pretende ni suplir ni invadir las funciones del ministerio público. La investigación penal, que esperamos recaiga pronto en una Fiscalía autónoma y eficiente, seguirá su curso y tiene aún mucho que hacer en el caso, pues tiene que crearse una instancia especializada que cumpla con los requisitos de inmediatez, efectividad, independencia e imparcialidad que ha ordenado el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas en una innovadora sentencia. Como lo señaló ese Tribunal, precisamente porque Ayotzinapa muestra que en México el trabajo de los fiscales suele estar sujeto a presiones e interferencias ilegítimas del poder político, la labor esta Comisión será remover los obstáculos que la indagatoria enfrentó e impedir que surjan otros en el futuro.

Para cumplir este alto propósito, la Comisión no partirá de cero. Se nutrirá de los valiosos trabajos del GIEI, de la CIDH y de la ONU; del Equipo Argentino de Antropología Forense; del Diagnóstico psicosocial realizado con las familias; de los aspectos rescatables del expediente legal y del trabajo de la CNDH; de las investigaciones periodísticas; y, mediante esquemas novedosos que implementará, de la información que pueden brindar quienes tienen datos relevantes y hasta ahora han callado. Las líneas que se seguirán son, en este sentido, claras y públicas: esclarecer la colusión macrociminal que en la zona de Iguala no sólo se extendió al ámbito municipal sino también al estatal y federal; indagar el tráfico trasnacional de drogas en autobuses de pasajeros; agotar los trabajos forenses empleando tecnología de punta.

Pero sobre todo, la principal tarea será esclarecer plenamente el paradero y el destino de los normalistas. Los padres y las madres lo han dicho con claridad: no exigen una verdad a modo, ni rechazan determinadas versiones por el dolor que causan. No es que sean impertinentes u obcecados, como tantas veces se les pretendió caracterizar. Tampoco les mueve un anhelo de venganza o animadversión contra alguien en particular. Lo que estos padres y estas madres demandan, es conocer la verdad, sea cual sea.

Alcanzar la verdad en el caso Ayotzinapa no sólo es una deuda con estas valientes familias, sino que también es una oportunidad para mostrar que México no está condenado a la mentira y la impunidad. En este sentido, que la Comisión alcance su cometido alentará a muchas otras familias que también demandan justicia. La crisis de desapariciones, como bien reconoció el Subsecretario Encinas ante la CIDH, lastima a decenas de miles de familias en todo el país. Familias como la de doña María Herrera, que busca a sus cuatro hijos y que hoy en un profundo gesto de generosidad nos acompaña. Para esas familias, hermanadas en el dolor y en la dignidad a las de los normalistas, avanzar en el caso Ayotzinapa puede fortalecer sus legítimas demandas, incluyendo el avance real de sus investigaciones; el fortalecimiento de las instancias y políticas de búsqueda de desaparecidos; los planes emergentes que se requieren para el trabajo forense pendiente en un país que se ha llenado de fosas; y otras medidas extraordinarias.

Padres y madres: a lo largo de estos cuatro años, nadie les ha regalado nada. Caminando por todo el país, han dado una lección de dignidad a México. Pero sólo ustedes, y quienes como ustedes buscan también a un ser querido, saben cómo pesa y cómo se siente la ausencia de un desaparecido; cómo se vive volver a casa sin certezas un día más, mientras se acumulan los meses y los años. Desde ese dolor, han dicho comprensiblemente que han perdido la confianza en el Estado y que ésta sólo se reconstruirá con pasos concretos: hoy damos un paso más. Al hacerlo, en sus rostros reconocemos a Abel, Alexander, Adán, Abelardo, César Manuel, Antonio, Benjamín, Bernardo, Carlos Iván, Carlos Lorenzo, Christian Alfonso, Cutberto, Dorian, Christian Tomas, Giovanni, Everardo, Felipe, Emiliano, Jorge Luis, Jorge Antonio, Jonás, Israel, Jorge Aníbal, Jesús Jovany, Jorge, Israel, José Ángel, José Luis,  José Eduardo, José Ángel, Leonel, Luis Ángel, Magdaleno Rubén, Jhosivani, Julio César, Luis Ángel, Mauricio, Miguel Ángel, Miguel Getsemany, Marcial Pablo, Marco Antonio, Miguel Ángel y Saúl. También a Julio César, Daniel y Julio César. A Aldo y a Edgar. Por ellos y por tantos y tantas más que tienen nombre y rostro también, refrendamos nuestro compromiso en poner todo cuanto esté a nuestro alcance para que esta Comisión les acerque a la verdad. Por ellos, pero por ustedes también; por el ejemplo que nos han dado a lo largo de estos años oscuros, frente a los que empieza a vislumbrarse hoy una esperanza.

El caso Ayotzinapa es un crisol siniestro de todo lo que en México debe cambiar; una muestra del daño que causan cuando se anudan la corrupción, la violación a derechos humanos y la impunidad. Para que el esfuerzo que hoy inicia fructifique se requiere una voluntad política que se sostenga a lo largo del tiempo y que se materialice en acciones concretas. Los pactos de impunidad no serán desechos de la noche a la mañana. No hay espacio para las faltas expectativas. Lo que viene no será fácil, pero esperamos que el trabajo coordinado que venimos realizando se mantenga hasta llegar a buen puerto, sin menoscabo de nuestra independencia y nuestra voz crítica como organismos de la sociedad civil. De la mano de los padres y de las madres, como escribió Efraín Huerta, seguiremos trabajando para que sea realidad “el sueño inmenso de una patria sin crímenes”.