AUTOR: César Martínez
FUENTE: Reforma
FECHA: 2 de septiembre de 2016
El Código de Justicia Militar debe dejar expresamente claro que cualquier violación a derechos humanos cometida por un elemento castrense sea investigado en el fuero civil, reclamó Stephanie Erin Brewer, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Sólo así, consideró, se podrá acatar una de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en su sentencia de 2010 por el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
Hoy se realizará, a puerta cerrada, una audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia, en la que la CoEDH escuchará la postura del Estado mexicano y de los representantes de las víctimas, entre ellos Erin Brewer.
Ejemplo de la necesidad de acatar la sentencia, refirió la abogada, es el caso Tlatla^a, en el que si bien los militares involucrados fueron indagados en el fuero civil, la Justicia Militar también realizó sus investigaciones, lo que podría afectar en las diligencias.
Otra medida ordenada por la Corte y en la que el Centro Prodh observa pendientes es el fortalecimiento del registro de personas detenidas.
Actualmente el registro ocurre hasta la consignación, siendo que la mayoría de las veces se tortura entre la detención y la consignación.
Erin Brewe también criticó que hasta la fecha no haya ningún militar sancionado por la tortura de los campesinos ecologistas, a pesar de que están identificados con nombre y apellido.
Los defensores ambientales de Guerrero fueron detenidos arbitrariamente en 1999 y torturados por militares, además de que pasaron dos años encarcelados por delitos que les fueron fabricados.