MEDIO: a.m.
TIPO: Periódico
AUTORÍA: Antonio Baranda
FECHA: 08 de Agosto de 2014
La reforma energética representa un atraco consolidado que traerá consecuencias negativas al País, advirtió Francisco Cravioto Lagos, investigador del Centro de Análisis e Investigación Fundar.
Durante el Foro Nacional de Derecho Agrario para la Defensa de la Tierra, organizado por el Centro Prodh, el especialista señaló «atropellos» a campesinos y ejidatarios, afectaciones ambientales y expropiaciones focalizadas.
«Este atraco ya está consolidado, pone en riesgo a amplias franjas del territorio nacional. Toda la zona del Golfo de México va ser afectada, incluyendo el mismo Golfo de México», expresó.
Cravioto, quien centró sus preocupaciones en la Ley de Hidrocarburos, aseguró que las contraprestaciones que empresas privadas deberán dar a los dueños de la tierra por explorar y/o explotar hidrocarburos, darán pie a una serie de abusos.
Esto se debe, dijo, a que no hay garantías en la ley para que la Iniciativa Privada dé compensaciones juntas a través de figuras como ocupación temporal y servidumbre legal, las cuales, aseveró, se convertirán en los hechos en expropiaciones.
«Se retiró la palabra ‘expropiación’ del artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos, pero esto simplemente fue una movida política, porque el que se haya retirado no implica nada, pues de todos modos se va expropiar. El territorio va quedar devastado y contaminado», consideró.
El investigador de Fundar advirtió que la fractura hidráulica para extracción de gas, conocida como «fracking», irremediablemente afectará el subsuelo en entidades como Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
Expuso que los nuevos pozos eventualmente ocasionarán contaminación de la tierra y mantos freáticos, desabasto de agua, fugas de metano y hasta desestabilización de fallas tectóninas.
En tanto, Santiago Aguirre, abogado del Centro Prodh, aseguró que la posibilidad de consulta a pueblos y comunidades prevista en el artículo 120 de la Ley de Hidrocarburos, es una simulación, por lo que es susceptible de combatir jurídicamente.