DeFondho Número 2 – Invierno 2013

México se enfrenta actualmente a un cambio que marcará el país, al menos durante los próximos seis años. Como nuestros lectores saben, las elecciones presidenciales tuvieron lugar el pasado 1 de julio y el resultado fue favorable a Enrique Peña Nieto, candidato del PRI. Ello marca el regreso del partido que controló a México por más de 70 años utilizando tácticas autoritarias.

En este contexto la labor de las organizaciones de derechos humanos resulta fundamental para el fortalecimiento de la participación ciudadana y la demanda de justicia.

Muestras claras del vigor del movimiento nacional de derechos humanos son varios de los temas abordados en este número. Por ejemplo, reportamos los resultados de la Misión

Civil de observación “Justicia para San José del Progreso”, así como las iniciativas legislativas más relevantes en materia de derechos humanos de este inicio de sexenio, como son la contrarreforma en materia de derechos humanos impulsada originalmente por el presidente de la Cámara de Diputados y la iniciativa de Ley de Amparo, mimas que han merecido respuestas sólidas desde la sociedad civil.

También abordamos otras informaciones relacionadas con luchas individuales por la justicia, como la de Grettel Rodríguez Almeida, sobreviviente de feminicidio y defensora de derechos humanos, así como en los casos de nuestros defendidos recientemente liberados Hugo Sánchez Ramírez, indígena mazahua encarcelado injustamente, así como José Ramón Aniceto y Pascual Agustín, los defensores comunitarios del agua.

En la parte central de este número hacemos un recuento de la situación de los derechos humanos en nuestro país durante los dos sexenios anteriores, durante los cuales el Centro Prodh ha realizado informes sexenales que son vistos por nosotros como una humilde aportación al diagnóstico que ante la ineficacia estatal, debemos de realizar desde la sociedad civil.

Este recuento abarca desde el año 2000 hasta el 2012 y se conformó con muchas visiones profesionales que aportaron a la fiscalización independiente de las acciones estatales, siempre con el objetivo de que prevalezcan los más altos estándares en materia de derechos humanos.

Finalmente también proveemos información actualizada sobre algunos de nuestros casos paradigmáticos, como el de Israel Arzate Meléndez, acusado injustamente por un crimen que no cometió y cuya familia ha sido objeto de amenazas y hostigamiento por las  autoridades locales en Ciudad Juárez. También recordamos el caso de la familia Guzmán Cruz, en el cual durante el pasado agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recibió la respuesta por parte del Estado mexicano a la demanda que se ha presentado ante el Sistema interamericano.

De esta manera damos la bienvenida a un nuevo ciclo con la convicción de que, ante la incapacidad estatal para garantizar los derechos humanos, la acción civil resulta cada vez más imprescindible.

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2018-06-08T00:32:19+00:00marzo 21st, 2013|