Primer paso de la estrategia gubernamental: desacreditar a la víctima, achacarlo a motivos “personales”, “nada qué ver con su profesión”, dicen. Porque de esa forma es una casualidad y no una epidemia. Porque así se han acumulado 114 casos de periodistas asesinados en México en los últimos tres sexenios. Porque así justifican que, con la desatención y la impunidad, el Estado también los mata. (…)

Estadísticas de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas contabiliza 17 periodistas asesinados durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa y cinco en el primer año y medio de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares. (…)

Hoy se cumple un año de ese crimen atroz, que, por más que se diga lo contrario, no ha sido esclarecido. Al escribir con rectitud, la periodista Miroslava se ganó el derecho a ser dueña de sus palabras. Recuperarlas y difundirlas, no permitir que caigan en el olvido, son actos de justicia. (…)

Pero las autoridades aparecen en escena siempre que las personas denuncian. Cuando eso sucede, al horror y a la ignominia debemos adicionar la maldad y la impunidad. (…)

El homicidio o tortura a manos de las instituciones de seguridad queda plenamente legitimado si se «repele la agresión» de «presuntos». No sabremos si las menores fueron ejecutadas sumariamente, pues, como en otros casos, no habrá más investigación. Ésta es la realidad en México. Aquí se aplicará la reciente decisión de la Suprema Corte avalando inspecciones a personas y vehículos sin orden judicial. (…)

Estamos frente a la punta del iceberg de las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad en el Estado mexicano