Han sido difundidos, aunque aún no presentados formalmente, los proyectos de las leyes secundarias que regularán y darán contenido a las reformas constitucionales por las que se creó la Guardia Nacional.
Se trata de tres proyectos legislativos: la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la de la Ley Nacional del Registro de Detenciones; a estas se suma una serie de reformas propuestas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Vistos de forma conjunta, los controles previstos son insuficientes a la luz de la experiencia acumulada los últimos tres lustros, que muestra cómo las fuerzas de seguridad se han habituado a eludir la rendición de cuentas. Esto ha sido especialmente notorio por cuanto hace a las Fuerzas Armadas: cuando el Ejército y la Marina han estado a cargo de sancionar las faltas y delitos de sus integrantes, ha prevalecido el espíritu de cuerpo y el resultado recurrente ha sido la impunidad. Así ocurrió durante años con el fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos.
Como es sabido, con la creación de la Guardia Nacional se ha apostado por un modelo militarizado de seguridad. Frente a este hecho consumado, lo mínimo que debe impulsarse es el desarrollo de controles civiles internos y externos sobre la corporación naciente. La alternativa extrema por la que ha optado el Gobierno federal requiere, al menos, el diseño de controles igualmente extremos y extraordinarios. Sólo así podrá romperse la inercia acumulada de violaciones a derechos humanos que han dejado como penosa estela las políticas de seguridad de los últimos gobiernos.
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