*En la reunión de hoy deberán abordarse las irregularidades que han comprometido gravemente la investigación.
Ciudad de México, 09 de febrero de 2017. La impostergable primera reunión entre el nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Cervantes, y las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos deberá atender temas que han comprometido gravemente la posibilidad de que la investigación cumpla con su objetivo de dar con el paradero de los jóvenes, esclarecer lo sucedido y garantizar justicia.
Estos temas se refieren directamente a una cadena de omisiones en la investigación que, entre otras cosas, demuestran que el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) no contó con las condiciones para cumplir su labor, lo que pone en duda si el actual Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH para el caso padecerá lo mismo una vez que comenzaron sus labores.
I. Proceso reveló en noviembre que el contacto del titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Omar Hamid García Harfuch, están en una libreta asegurada a Sidronio Casarrubias Salgado, señalado como uno de los principales responsables de los hechos, durante su detención en octubre de 2014; García Harfuch era coordinador estatal de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) en Guerrero. En la libreta también apareció el contacto del entonces secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Vázquez. A pesar de que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó la posible participación de la Policía Federal en el caso, el hecho fue ocultado tanto al GIEI como a las familias.
Las familias solicitaron a la oficina especial para el caso que se investigue a los servidores públicos, que se de fe de la existencia de esta libreta, que se pueda acceder a todas las diligencias relacionadas con Sidronio Casarrubias y que se permita acceder a todas las averiguaciones previas en su contra. Cabe recordar que el proceso contra Casarrubias fue iniciado no por la desaparición sino por delitos relacionados con delincuencia organizada y se encuentra bajo poder de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
II. A mediados del pasado diciembre, The New York Times confirmó la existencia de un informe interno de la PGR -que las autoridades se han negado a difundir- que expone irregularidades que pondrían en tela de juicio los fundamentos legales de la investigación.
El informe, del que dio cuenta anteriormente Proceso, documenta que se violó el derecho de las víctimas a la justicia y que sospechosos clave fueron arrestados y trasladados de forma ilegal, lo cual invalidaría legalmente cualquier información que pudo haberse obtenido de ellos. El estudio iba a ser entregado a las familias el pasado 18 de agosto pero no fue aprobado por autoridades superiores, las familias se retiraron del diálogo y el visitador a quien se encomendó la tarea renunció de manera inesperada.
III. La Jornada reveló que la PGR le negó al GIEI información sobre el uso de autobuses para traficar heroína por parte del cartel Guerreros Unidos. Estos antecedentes apuntalarían como móvil de los ataques que los normalistas, sin saberlo, habrían retenido un autobús con un cargamento de la droga, como lo sostuvo el GIEI.
El periódico detalló que el 10 de julio de 2014, en un operativo conjunto del Ejército y la PGR, fueron detenidos Gonzalo Martín Souza Neves alias “El Uruguayo” y José Bahena Salgado en posesión de 250 mil dólares, tres vehículos y 24 kilos de lo que resultó ser heroína. La Secretaría de Gobernación informó que Souza Neves tomó el mando de Guerreros Unidos a partir de la detención de Mario Casarrubias, incluyendo el trasiego de droga a través de compartimentos ocultos principalmente en autobuses de pasajeros.
El auto de formal prisión detalla que Bahena fue descubierto ocultando el paquete en un autobús de la compañía Guelaguetza Tours Inc, con sede en Chicago. Bahena aseguró que ocultaba droga y dinero por orden de Souza y porque así trabaja Guerreros Unidos. Pese a que todos esos antecedentes están consignados de manera oficial, la PGR los negó al GIEI; incluso al presentar en junio de 2016 su informe final sobre el caso, la Procuraduría señaló que no tenía evidencias que sustentaran esa hipótesis.
Padres y madres de los estudiantes se dirigieron formalmente a la PGR para quejarse de que omitió decir que Souza Neves estaba mencionado en la libreta decomisada a Sidronio Casarrubias, la misma en la que tenía anotados los nombres y teléfonos de García Harfuch y Leonardo Vázquez.
Estas revelaciones muestran que de ninguna manera las omisiones pueden ser achacadas a la casualidad o a la mera incompetencia de funcionarios en lo individual. La PGR está obligada a responder ante las familias en búsqueda, garantizándoles con acciones concretas que hay una voluntad de enderezar de forma inmediata la investigación para no prolongar más su sufrimiento.
Los avances y acciones concretas deben pasar por que, ahora sí, la supervisión por parte de la CIDH cuente con las condiciones adecuadas para desarrollarse, sin obstáculos ni ocultamientos como los que entorpecieron el trabajo del GIEI. El Mecanismo Especial de Seguimiento ya se encuentra trabajando en México y su agenda se renovará al principio de cada año en tanto el destino de los estudiantes no sea aclarado.
Sólo la existencia de avances palpables en casos como Ayotzinapa indicará si efectivamente la PGR, bajo el mando de Raúl Cervantes Andrade, está impulsando una agenda comprometida con la justicia.
*Artículo publicado en Animal Político