*Se le dictó auto de formal prisión; piden a CIDH y ONU protección para la Tribu y el defensor
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 18 de septiembre. Autoridades Tradicionales de Vicam, aseguraron que la detención de Mario Luna Romero, secretario y vocero de la Tribu Yaqui, forma parte de “una campaña de odio racial y criminalización” que viola los derechos del defensor y de la tribu misma. Asimismo, advirtieron que, aunque no existen elementos legales para sostener la culpabilidad de Luna Romero, Manuel Octavio Palafox Ocaña, Juez tercero de primera instancia le dictó auto de formal prisión por privación ilegal de la libertad y robo de vehículo automotor.
Tomás Rojo Valencia, representante de la Tribu Yaqui, señaló en conferencia de prensa que el 15 de septiembre presentaron las pruebas en defensa del líder, donde las autoridades tradicionales que ejercían cargo en junio de 2013 (cuando ocurrieron los hechos) dieron testimonio de que Francisco Antonio Delgado Romo —quien presentó la denuncia— “agredió a las personas que se encontraban en las protestas en la Carretera Internacional contra la operación del Acueducto Independencia (…) por lo que fue procesado por las leyes tradicionales de la Tribu”, puntualizó el vocero.
En este sentido, el Gobernador, el Capitán y el Comandante de Vicam asumieron la responsabilidad —a nombre de su comunidad— por la detención de Romo y entregaron el acta que lo constata, documento que fue ratificado por las autoridades tradicionales yaquis. De manera adicional, se presentó un dictamen antropológico que explica usos, costumbres así como la forma en que ejercen sus leyes tradicionales, comprobando “que no se está hablando de un secuestro, sino de un proceso común de justicia comunitaria”, añadió Tomás Rojo.
Rojo Valencia declaró que el juez Palafox Ocaña no analizó todas las pruebas, es más, “nunca se probó la conducta de Mario Luna Romero, sólo hay declaraciones de oídas que presumen podría haber ordenado la detención, pero no se determinó dónde y cuándo Mario Luna dio la orden”, razón por la que se interpondrá un amparo indirecto contra el auto de formal prisión, precisó Andrea Cerami, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Además, el defensor añadió que ya se solicitaron medidas cautelares para la protección de Mario Luna y de la Tribu Yaqui a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya que están en riesgo constante tanto el agua y los recursos naturales de la región, como la misma tribu.
Por su parte, Edmundo del Pozo, integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, advirtió que la ola represiva y de criminalización de la Tribu Yaqui deriva del “lodazal político” en que se ha convertido Sonora, ya que quienes comenzaron con las ilegalidades fueron los gobiernos estatal y federal al permitir la construcción y operación del Acueducto Independencia; “estamos ante una total impunidad, pues quienes violan derechos humanos están libres y quienes los defienden son detenidos”, lamentó el investigador.
A la exigencia de las organizaciones civiles y académicos que integran la Misión Civil de Observación (MCO) de Consulta a la Tribu Yaqui se sumaron las de organizaciones y colectivos como Amnistía Internacional, quien emitió una acción urgente por la libertad del líder yaqui; el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco; el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), por mencionar algunas. Asimismo, se informó que las movilizaciones en la región yaqui continuarán y que el próximo lunes 22, se realizará en el Museo de la Ciudad del DF un foro en solidaridad con Mario Luna.
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