*En Sonora las autoridades han empleado medidas de coacción para conseguir el desistimiento de la Tribu
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 31 de julio. La Tribu Yaqui anunció la suspensión del proceso de consulta respecto a la operación del Acueducto Independencia en Sonora, debido a que el Estado mexicano ha violado sus derechos colectivos como pueblo “poniendo en juego incluso su existencia y sobrevivencia” y ha incumplido los principios fundamentales de una consulta, advirtieron integrantes de la Misión Civil de Observación (MCO) de la Consulta a la Tribu Yaqui.
En conferencia de prensa, Javier Bautista, miembro del Programa Intercultural de Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana (PIAI-Ibero), denunció que la consulta ha presentado irregularidades: No fue previa, ya que se acordó su realización cuando el proyecto ya estaba en operación.
Tampoco ha sido informada, pues “el Estado mexicano no ha entregado la totalidad de la información solicitada (…) y la información entregada no corresponde a las necesidades expresadas” por las y los yaquis, informó el investigador.
Asimismo, Javier Bautista precisó que la consulta tampoco ha sido libre, pues las autoridades constantemente han empleado medidas de coacción con el fin de conseguir el desistimiento de la Tribu: Existen órdenes de aprehensión —las cuales podrían ser ejecutadas en cualquier momento— en contra de los voceros y representantes Mario Luna y Tomás Rojo, únicas personas encargadas del diálogo con el Estado.
El investigador del PIAI-Ibero añadió que, a esta coacción, se suma una campaña mediática de desinformación emprendida por el gobierno de Sonora: A través de mensajes que insinúan que la suspensión del Acueducto Independencia impactará de manera negativa en el abastecimiento de agua o que “la Tribu Yaqui le quitará el agua a la ciudad de Hermosillo”, buscan desprestigiar al proceso de consulta y a la misma Tribu, abundó Edmundo del Pozo, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Los principios fundamentales de una consulta (previa, informada y libre) se encuentran estipulados en tratados y convenios internacionales que México ha firmado y ratificado, por lo que tienen un sustento jurídico, es decir, “ya hay jurisprudencia sentada en procesos de consulta”; por ello, es obligación del gobierno aplicar dichos criterios y ser congruente con lo que firma y ratifica con lo que realiza, señaló Marisol Anglés, catedrática del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La MCO —integrada por organizaciones civiles y académicos— presentó un informe en mayo pasado donde documentó el proceso de consulta y el que realizó recomendaciones al Estado mexicano para garantizar los derechos de las y los yaquis. Durante la conferencia, las y los integrantes de la Misión recordaron dichas recomendaciones e insistieron en el que el gobierno debe cancelar las operaciones del Acueducto Independencia.
Además, urgieron a garantizar el derecho a la consulta (el cual será retomado sólo si la Tribu Yaqui así lo decide), a proteger la vida de las y los yaquis así como a respetar las decisiones y acuerdos de la Tribu. Asimismo, la Misión Civil de Observación hizo un llamado para que termine la campaña de descalificación y a que se cancelen las órdenes de aprehensión en contra de los voceros y representantes yaquis.
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