*Profepa, Semarnat y DGIRA incumplen sentencia de la SCJN al permitir que opere el proyecto
México, DF, 28 de julio. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) exigió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la suspensión de las operaciones del Acueducto Independencia, en Sonora, ya que no cuenta con Autorización de Impacto Ambiental y está generando daños irremediables a la Tribu Yaqui, pues, además de extraer el agua que necesitan para sobrevivir, “se ha generado un ambiente de desconfianza, desatención y de poca transparencia, que no ha hecho posible al día de hoy favorecer un diálogo”, puntualiza un comunicado emitido por la organización.
El Cemda además instó a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) y a la Dirección General Adjunta de Igualdad y Derechos Humanos de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) facilitar “la información solicitada por la Tribu Yaqui de forma actualizada y veraz, a fin de generar un ambiente de confianza, respeto y transparencia que permita reanudar el diálogo y llevar a buen término la consulta”, señala el documento.
Estas exigencias derivan del incumplimiento por parte de las autoridades de la sentencia emitida en mayo de 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde la Semarnat está obligada a entregar información oportuna, completa y actualizada a la Tribu Yaqui respecto al megaproyecto. Asimismo, la instancia gubernamental debería someter a consulta la construcción y operación del acueducto.
En este sentido, la SCJN estableció ciertos parámetros que deberían seguir las autoridades que pretendieran construir algún proyecto que pudiera causar afectaciones a las comunidades: La consulta tiene que ser previa, es decir, que se deber realizar en las primeras etapas del desarrollo del proyecto; tendría que ser culturalmente adecuada, respetando usos y costumbres de los pueblos; informada, o sea, que las comunidades conozcan la naturaleza y posibles consecuencias del proyecto así como los posibles riesgos ambientales y de salubridad; y, de buena fe, es decir, que la consulta trate de llegar a un acuerdo.
Dicha información es necesaria para que la Tribu Yaqui determine los posibles daños que le ocasionará el Acueducto Independencia. La petición de las y los pobladores incluye también una solicitud de traducción de la información a la lengua yaqui para su mejor comprensión así como la realización de reuniones periódicas con la DGIRA y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para discutir la información sobre el proyecto.
Sin embargo, el Cemda denunció que a más de un año de distancia de la resolución de la SCJN, ni la Semarnat ni la Profepa han cumplido con la orden de la Suprema Corte, por lo que “no se ha concluido con la etapa informativa (…) por las demoras injustificadas en la entrega de la información y el incumplimiento de los acuerdos pactados por parte de las autoridades ambientales”, concluye el comunicado.
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