En varios de los procesos de denuncia de violaciones a derechos humanos hay respuestas de articulación con medios de comunicación e, incluso, con otros actores que se hacen llamar integrantes de la sociedad civil pero que de facto actúan en su contra. (…)

Mi lectura de la sentencia es distinta a la de sus críticos. Se trata no solamente de una sentencia histórica, sino de una prodigiosa construcción jurídica. La argumentación de la sentencia es muy sólida y deberá ser objeto, en el futuro, de un minucioso análisis de los especialistas. Pero por lo que interesa a los amables lectores de esta columna, que quizá tengan intereses que van más allá de los temas estrictamente jurídicos, lo cierto es que la sentencia desnuda a la procuración y administración de justicia en el país. (…)

No exageramos un ápice al decir que estamos frente a la prueba más delicada respecto a lo que la estabilidad de nuestra frágil y evolutiva democracia se refiere. Nos estamos acercando al punto de no retorno, el tristemente famoso narco Estado. 

Tenemos el tiempo contado para revertir esta situación. (…)

El texto explica la necesidad de la comisión y expone el soporte legal para su existencia. No hay recurso que deba de prosperar contra la sentencia. Pretender atacarla, más que celo por la legalidad demostraría insistencia para que lo ocurrido en Iguala quede en la penumbra. (…)

Aunque existirá resistencia de la Procuraduría General de la República que persiste en reafirmar su “verdad histórica” y más de un abogado letrista se desagarrará las vestiduras, señalando la invasión de facultades, el impulso que recibirá la resolución por parte de las víctimas y de un sector de la sociedad civil, indefectiblemente llevará a las autoridades a cumplir el mandato judicial. (…)

De momento preguntamos: ¿se han modificado las razones del Ejecutivo para rechazar las conclusiones y propuestas del GIEI y de la ONU?, ¿las objeciones a la sentencia se dan sólo porque se defiende el contexto e intereses implicados en la construcción de la mal llamada verdad histórica?, ¿por qué habría de interesarle al actual gobierno reconocer la desviación de poder que practicó en este y otros casos? (…)