BAJO LA LUPA | Ayotzinapa: jaque a la verdad histórica, por Magdalena Gómez

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El muy amplio análisis de los magistrados es inédito en más de un sentido. Aplica el control de convencionalidad para dar cuenta de las fallas al debido proceso y encuentra importantes ­precedentes en las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en especial esta última, en torno a formas alternativas de ­garantizar el acceso a la justicia para las víctimas. De ahí que ordena la creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia (caso Iguala), que estará conformada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por representantes de las víctimas y el Ministerio Público de la Federación.

El tribunal señaló que la nueva ­comisión tendrá autonomía de gestión y presupuesto. Todo ello requiere del apoyo que solicitaron los magistrados al Presidente de la República y al conjunto de su gobierno. Se observa difícil que el peñanietismo acepte el viraje que entraña cumplir esta emblemática sentencia, en sus últimos días de gobierno. Ya la PGR afirmó que la sentencia desconoce la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.

Aun cuando está claro que no se ordenó crear una comisión de la verdad, como tradicionalmente se le conoce, sino una comisión investigadora para esclarecer el caso Iguala. Esta sentencia es de última instancia, la PGR sólo puede interponer un recurso de queja y colocaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si lo admite, en la necesidad de analizar si hay desviación jurídica en la resolución. Con ello, aparte de que gane tiempo el gobierno federal, la propia Suprema Corte se en­frenta al desafío de aceptar que en los hechos puede ser rebasada, cuando los tribunales están aplicando derechos humanos con la mirada ampliada al derecho internacional. De momento preguntamos: ¿se han modificado las razones del Ejecutivo para rechazar las conclusiones y propuestas del GIEI y de la ONU?, ¿las objeciones a la sentencia se dan sólo porque se defiende el contexto e intereses implicados en la construcción de la mal llamada verdad histórica?, ¿por qué habría de interesarle al actual gobierno reconocer la desviación de poder que practicó en este y otros casos?

Sin duda, el próximo desenlace electoral presidencial también jugará en el destino de la comisión de investigación.

*Artículo publicado originalmente en La Jornada