ahi-esta-el-detalle, La edición de hoy, Uncategorized — junio 14, 2018 at 7:20 am

BAJO LA LUPA | Sentencia para la verdad, por Jorge Fernández Souza

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Esta participación tripartita obedece a que la indagatoria no podía quedar a cargo de la autoridad que hizo jurídicamente inviable la investigación anterior, porque podría repetirse la historia (la verdad histórica), si el Ministerio Público quedaba como responsable y los representantes de las víctimas solamente como coadyuvantes.

Además, si se decía quiénes debían de participar en la nueva investigación sin que se estableciera la forma en la que se integrarían para hacerla, difícilmente podrían llevarla a cabo.

Probablemente fue eso lo que llevó a los magistrados a dar un paso novedoso con un consistente fundamento jurídico: la creación de la comisión integrada por las tres partes que deben de intervenir en la indagatoria está basada tanto en el derecho interno como en el internacional.

Si el derecho de los familiares y las facultades de la CNDH y del Ministerio Público a participar en la investigación están plenamente establecidos en el texto, la creación de la comisión se apoyó en los Protocolos de Estambul y de Minessota, adoptados por la ONU (y que por tanto forman parte de la normatividad internacional que se debe de relacionar con la nacional). Ambos instrumentos jurídicos prevén ese tipo de comisiones para casos como el de Iguala, en los que las instancias estatales no son confiables o suficientes. La formación de la comisión se fundamentó también en jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El texto explica la necesidad de la comisión y expone el soporte legal para su existencia. No hay recurso que deba de prosperar contra la sentencia. Pretender atacarla, más que celo por la legalidad demostraría insistencia para que lo ocurrido en Iguala quede en la penumbra.

A lo anterior hay que agregar la probabilidad de que desde la parte gubernamental se busque incumplir con la resolución, frente a lo cual con seguridad habrá esfuerzos legales y movilización social para lograr su cumplimiento.

La sentencia se debe al profesionalismo de los magistrados. Pero no hubiera existido sin el dolor de los familiares convertido en decisión de lucha tenaz, sin el acompañamiento de personas y organizaciones de derechos humanos y sin la furia profunda por el crimen de Iguala.

*Artículo publicado originalmente en La Jornada